Sin «ahorro» oficial: el recorte en materia de salud, el peor negocio para el Estado
Un exhaustivo análisis de datos públicos llevado a cabo por organizaciones civiles, entre ellas la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) revela que la política de ajuste en salud sexual y reproductiva no solo vulnera derechos humanos básicos, sino que constituye un pésimo negocio financiero para el propio Estado.
La reducción en la compra y distribución de insumos de salud sexual y reproductiva por parte del Estado nacional encendió las alarmas de las organizaciones civiles y científicas. Lejos de representar un ahorro fiscal eficiente, la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) advirtió en su último análisis que desfinanciar la prevención de embarazos no intencionales constituye un grave retroceso sanitario y, paradójicamente, un «derroche de capital humano» y económico para el país.
La reducción en la compra y distribución de insumos desde el nivel central hacia las provincias muestra números alarmantes al comparar los picos de las políticas de prevención con el escenario de los últimos meses.
El caso de los preservativos es uno de los más dramáticos: mientras que en su pico histórico del año 2018 el Estado llegó a distribuir 55,4 millones de unidades, la cifra se desplomó a apenas 4,8 millones anuales. Esto equivale a la alarmante cifra de solo tres preservativos por año para cada varón mayor de 15 años que depende exclusivamente del sistema público de salud.
«La fuerte reducción en la compra pública nacional de anticonceptivos en Argentina no representa austeridad inteligente. Es, en realidad, una pérdida de inversión en el principal recurso de un país: su gente. Menos acceso a la anticoncepción implica menos oportunidades educativas, menor participación laboral de las mujeres, más pobreza y mayores costos futuros para el Estado».
Los métodos de control biológico también sufrieron el impacto de la tijera presupuestaria, registrando caídas globales de hasta el 64 por ciento en la distribución de la canasta básica de salud sexual, que incluye pastillas anticonceptivas, inyectables e implantes subdérmicos. Asimismo, de acuerdo con la ejecución presupuestaria física, los tratamientos integrales para la Interrupción Voluntaria del Embarazo —medicamentos esenciales como el misoprostol y la mifepristona bajo el amparo de la Ley 27.610— pasaron de más de 106.000 unidades anuales distribuidas por Nación a cero envíos centrales en los últimos registros oficiales, forzando a las administraciones provinciales a costearlos de urgencia con recursos propios o a enfrentar el desabastecimiento total.
La estocada final a la prevención se consolidó con el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Implementado originalmente en 2018 con un fuerte respaldo técnico transpartidario, este programa había logrado una verdadera hazaña sanitaria al reducir en casi un 50 por ciento el embarazo adolescente en la Argentina, logrando que en provincias como Jujuy la tasa de maternidad temprana bajara de forma consecutiva del 19,5 al 6,5 por ciento. El fin de los dispositivos territoriales de Educación Sexual Integral (ESI), las asesorías en escuelas y los centros comunitarios se formalizó con el despido y la no renovación de 619 consultores especializados en todo el territorio nacional, dejando vacíos los espacios de consulta de miles de jóvenes.
El informe de REDAAS destruye el argumento del supuesto ahorro fiscal mediante proyecciones de costo-beneficio avaladas por organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Una ecuación económica destructiva
Los datos demuestran que el Estado argentino requiere invertir unos 200 millones de dólares anuales para afrontar los costos asociados a la atención médica de embarazos, partos y cuidados derivados de la falta de prevención en adolescentes, mientras que sostener la estructura completa del Plan ENIA y la canasta total de insumos requería apenas 17,7 millones de dólares. Esto significa que por cada dólar invertido en prevención, el Estado ahorraba de manera directa múltiples recursos de infraestructura hospitalaria, además de evitar pérdidas sustanciales en el desarrollo futuro del país.
El impacto de las maternidades forzadas o no planificadas en la adolescencia tiene, además, un correlato inmediato en la exclusión social y la inserción laboral. Las estadísticas analizadas por las organizaciones demuestran el peso de esta barrera: mientras que el 55 por ciento de las mujeres que son madres en la edad adulta logran terminar el secundario, apenas el 38 por ciento de quienes lo son en la adolescencia consiguen completar el nivel medio, registrando además tasas de desempleo e inactividad laboral un 25 por ciento más altas.
La desarticulación de estas redes territoriales no solo deja desamparadas a las adolescentes que asisten a las escuelas públicas, quienes ya denuncian la desaparición de las asesorías de confianza, sino que traslada una presión financiera asfixiante a los municipios y gobiernos provinciales, que hoy intentan cubrir con presupuestos locales devaluados el desabastecimiento de insumos básicos que la Nación decidió dejar de enviar.