Plan ENIA, en peligro: la política pública que atravesó los partidos pero que el gobierno vacía
El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) es una política pública que se creó en el 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de promover el acceso a bienes y servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, así como también la prevención de los embarazos no intencionales en la adolescencia y de los embarazos y maternidades forzadas.
Según un informe difundido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ELA, la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y el Centro de Estudios de Estados y Sociedad (CEDES), durante los seis años en los que se implementó el Plan ENIA, se brindó apoyo técnico, recursos y personal en las provincias con el objetivo de sostener consejerías en salud sexual y reproductiva, actividades de promoción comunitarias, educación sexual integral y asesorías en las escuelas.
A partir de estas medidas, se logró bajar notablemente la cantidad de embarazos adolescentes. Sin embargo, desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, se suspendieron los fondos destinados a sostener las oficinas en las que funcionaba el Plan ENIA en cinco provincias, se despidió a 619 personas de los equipos operativos que se desempeñaban en 12 jurisdicciones y se desfinanció las partidas presupuestarias destinadas a la compra de insumos.
Los números del Plan ENIA
En 2018, según datos del Ministerio de Salud, 7 de cada 10 embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021, ya en la gestión de Alberto Fernández, se logró reducir esas estadísticas a 5 de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años.
Según datos del Proyecto Mirar, desarrollado por CEDES con el objetivo de monitorear la implementación de la Ley de Aborto en el país, entre 2018 y 2021 la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente en los segmentos de 10 a 14 años se redujo 43%; en el segmento de 15 a 19 años un 45%; y en el restante de 10 a 19 años lo hizo en un 49%. Los resultados del Censo 2022 coinciden en los impactos de la prevención al arrojar una reducción del 50% en la cantidad de adolescentes con hijos/as.
El informe destaca también el impacto económico que genera la implementación del Plan para el gobierno. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino utiliza U$S 200 millones para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes. Por su parte, el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,7 millones. El mismo estudio señala que el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces la inversión en el programa.
El desfinanciamiento del programa
A pesar de que la gestión libertaria señaló hace unos meses que continuaría con el desarrollo del Plan ENIA desde una mirada integral, mediante el seguimiento y la compra de insumos, lo cierto es que no logró escapar de la motosierra que implementó Javier Milei desde el comienzo de su gestión.
Junto a la decisión de suspender los fondos destinados a las oficinas provinciales, el despido de empleados y el desfinanciamiento de partidas presupuestarias, se suma que todavía no se presentó ninguna propuesta desde un mirada integral como proponían y el presupuesto destinado a insumos muestra un gravísimo ajuste.
Con respecto al presupuesto nacional para 2024, cabe aclarar que el Ejecutivo decidió prorrogar el presupuesto del año anterior, lo que implica un gran desafío dado que se prevé una inflación promedio interanual por encima del 220%. En lo que se refiere al gasto en personal e insumos, el presupuesto disponible para este año muestra una disminución significativa en comparación con 2023, siendo un 70% menor en gastos en personal y un 69% más bajo en productos farmacéuticos.
En el proyecto de Presupuesto 2025 que presentó Javier Milei en el Congreso se profundiza aún más el desfinanciamiento. El mismo muestra una reducción real (ajustada por inflación) del 27% respecto al presupuesto vigente de 2024 y del 78% en comparación con 2023. Además, incorpora una nueva regla fiscal que establece un límite de gasto para las partidas no indexadas por ley. En caso de no alcanzar las proyecciones de inflación o recaudación, serán estas partidas las que se recorten para asegurar el superávit fiscal.
La importancia de la continuación del PLAN ENIA
Los organismos señalan en el informe que el desfinanciamiento del PLAN ENIA presenta dos graves consecuencias. Por un lado, compromete el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes; y por otro, genera pérdidas de ingresos para el Estado y la economía nacional. Según datos publicados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, el funcionamiento del Plan ENIA le permite al Estado ahorrar USD 140 millones al año si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto de embarazos no intencionales en niñas y adolescentes de 10 a 19 años.
Según un informe de Amnistía Internacional, cada año en el país más de 40.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convierten en madres en el país. Entre ellas, una cifra superior a mil no alcanza los 15 años de edad, por lo que se entiende que, cada día, 3 niñas de 10 a 14 años se convierten en madre en el territorio argentino. Asimismo, con respecto a cómo repercute esta problemática en la educación, destacan que solo 4 de 10 las adolescentes que tienen un hijo logran completar la escuela secundaria.
Desde la organización ELA le detallaron a Data Clave que las principales claves del Plan es que articulaba el trabajo de varios ministerios, a partir del cual “se implementaron consejerías en escuelas y espacios comunitarios en educación sexual integral, con una perspectiva integral e intersectorial y permitió la mejora en la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva”. De esta forma, se potenciaron las decisiones informadas de adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, previniendo el abuso y la violencia sexual e informando sobre la posibilidad de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo
A pesar del slogan de La Libertad Avanza de que “no hay plata” y pensando en los términos económicos que plantea el Gobierno, Amnistía señaló que el costo del plan es de 17,5 millones de dólares. Sin embargo, según un estudio de UNFPA, los efectos indeseados del embarazo adolescente y la maternidad temprana sobre la actividad productiva de las mujeres es de USD 568 millones. Esto significa que si el Estado invirtiera en prevenir los embarazos adolescentes los ingresos generados por las mujeres podrían aumentar hasta 0,14% del PIB.
La pérdida de ingresos para las mujeres y el consecuente costo que tiene para el Estado argentino el abandono educativo vinculado al embarazo adolescente y la maternidad temprana es de 288 millones de dólares. Además, el Estado destina USD 200 millones en atender el embarazo, parto, postparto y los recién nacidos de madres adolescentes.
Asimismo, desde ELA detallaron que el programa no solo brindaba información y se posibilitaba el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, o incluso el acceso a métodos anticonceptivos, sino que permitía también que se generen espacios de escucha a donde podían recurrir las y los adolescentes sobre temas muy variados que no eran solamente de salud sexual y reproductiva. Incluso destacan que fueron espacios muy importantes para abordar cuestiones de salud mental durante la pandemia del Covid-19
El debate que se viene en el Congreso
Hasta agosto se habían presentado tres proyectos en la Cámara de Diputados, uno a propuesta de los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, otro impulsado por la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna y un tercer proyecto impulsado por Silvia Lospennato con el acompañamiento de varios diputados del PRO. Esto demuestra que hay un interés en la continuación de esta política pública que atraviesa a los partidos políticos. Asimismo, desde el bloque de senadores de Unión por la Patria se presentó un proyecto en la Cámara alta.
Consultado por Data Clave, el diputado nacional del Partido Socialista por Santa Fe, Esteban Paulón, destacó que la implementación del Plan ENIA repercutió en “mejores índices en salud y educación” y que las campañas de prevención y educación sexual integral les da la posibilidad a las jóvenes de “poder continuar con sus vidas, capacitarse, formarse y a vivir la juventud en plenitud”.
A su vez, el legislador apuntó contra la decisión del gobierno de desfinanciar el programa y alertó que “hubo una manipulación” cuando plantearon que se eliminaron 600 contratos de consultoras. En ese sentido, criticó que hablen de “consultoras” como si fuesen “empresas que hacen consultorías”, y explicó que estas estaban conformadas por orientadores que llevaban adelante las distintas actividades en los centros de salud y en las escuelas. A su vez, destacó la importancia de la Educación Sexual Integral y que este plan “combinaba no solo la ESI sino que también sumaba el acompañamiento y la orientación profesional de médicos y médicas y los métodos anticonceptivos”.
“Nosotros creemos que es una política pública virtuosa que tiene que volver y por eso planteamos que vuelva por ley”, señaló Paulón y agregó: “Creemos que hay un rol muy importante de las provincias, y de los municipios en la implementación de esta política, porque se tiene que hacer a nivel de los centros de salud y en lo local, pero creemos que desde el Ministerio de Salud de la Nación se deben coordinar estas acciones y tener una posibilidad de darle escala a nivel nacional”.
Por último, advirtió que en los próximos nueve meses “van a faltar muchos insumos, no solo los vinculados a preservativos y anticonceptivos”, sino incluso también “pueden estar faltando reactivos vinculados a la medicación del VIH”. Sobre esto, concluyó: “Creemos que el gobierno tiene que rever esta situación porque hay que tener cuidado y no abandonar todo lo que tiene que ver con la atención de la salud”.