La motosierra sobre el derecho a decidir
Un informe de REDAAS, CEDES y ELA advierte que los recortes nacionales en salud sexual dejarán a cientos de miles de mujeres sin acceso a métodos anticonceptivos y provocarán más embarazos no intencionales, abortos inseguros y muertes evitables.
De 1,2 millones de personas protegidas por la distribución de métodos anticonceptivos de Nación en 2024, este año se proyecta que sólo habrá 63.000. Los “dramáticos” recortes en las compras nacionales de métodos anticonceptivos implican “un derroche de capital humano”, ya que cada peso que se invierte en estos insumos representa “una inversión que genera desarrollo”.
Así lo enfatiza un informe publicado en forma conjunta por tres organizaciones de amplia trayectoria: el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS).
“La fuerte reducción en la compra pública nacional de anticonceptivos en Argentina no representa austeridad inteligente. Es, en realidad, una pérdida de inversión en el principal recurso de un país: su gente”, dice el informe conjunto.
El precio de la motosierra
En su último decreto de aplicación de motosierra, sobre un recorte total de casi 2.500 millones de pesos, el gobierno nacional podó 900 millones del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Este programa, vigente desde 2003, viene sufriendo un “desmantelamiento” desde el comienzo del gobierno de Javier Milei.
No son partidas: son métodos anticonceptivos que no llegan, centros de salud sin preservativos y, ni hablar, misoprostol y mifepristona —los medicamentos que se utilizan para interrumpir embarazos de forma segura—, que directamente Nación dejó de distribuir.
El gobierno nacional se saca “el problema” de encima: todo depende del presupuesto y de la voluntad política de cada provincia.
Y, de paso, profundiza su prédica antiderechos: las críticas a las “pañuelito verde” por la baja de la tasa de natalidad, expresadas por el presidente Javier Milei en sus últimas apariciones en streaming, son una nueva muestra de ese ensañamiento.
No hay errores: hay un plan deliberado de empujar a millones de mujeres a la clandestinidad. Sin insumos para la interrupción voluntaria o legal del embarazo, el acceso a derechos ya vigentes pasa a depender de la provincia en la que se viva y de la posibilidad de reclamar o de acceder a redes de acompañamiento.
Mucho más que números
“Menos acceso a anticoncepción implica menos oportunidades educativas, menor participación laboral de las mujeres, más pobreza y mayores costos futuros para el Estado”, afirmaron REDAAS, CEDES y ELA en la presentación de su informe en redes sociales.
Las políticas del gobierno nacional afectan a niñas, mujeres y disidencias de múltiples maneras, y esta es una de las más directas: una flecha contra la vida cotidiana de millones de personas.
El informe Recortes en la provisión de anticonceptivos: un derroche de capital humano estima que “esto podría implicar 840 mil mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales, 240 mil embarazos no intencionales adicionales, más de 112 mil abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales”.
Multiplicar desigualdades
Lo que subrayan las organizaciones es que, además del evidente costo en términos de derechos humanos, los ajustes del gobierno nacional en salud sexual tienen un impacto económico negativo “enorme”.
Los datos lo muestran. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el 28 de mayo, estas tres organizaciones analizaron, desde esa perspectiva, los recortes presupuestarios del gobierno nacional a la salud sexual y reproductiva, que implicaron la clausura del Plan ENIA —que había logrado reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente en pocos años— y la reducción en la asignación de recursos para la compra de insumos.
“En Argentina, cada peso invertido en anticoncepción genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica”, dicen las especialistas, en base al Impact Calculator del Guttmacher Institute. Y explican la metodología: “Los resultados se complementan con parámetros del Guttmacher Institute y del estudio MILENA de UNFPA”.
Se trata de “parámetros y modelos de instituciones reconocidas, utilizados por la ONU y países de todo el mundo, a partir de los cuales se analizó información pública disponible sobre las compras del Estado nacional”.
Derechos en retirada
Además de los impactos en la vida y la salud de más de la mitad de la población, la anticoncepción tiene efectos sobre la educación, el empleo, la productividad y la recaudación fiscal. “El retorno total asciende a veinte veces el valor de la inversión”, aseguran.
“El Copenhagen Consensus, iniciativa liderada por premios Nobel de Economía, concluyó que la inversión en anticoncepción es una de las políticas públicas con mayor retorno para el desarrollo. Según sus estimaciones, cada dólar invertido en anticoncepción puede generar hasta 120 dólares en beneficios económicos y sociales. No se trata solamente de salud. Se trata de capital humano y de desarrollo”, expresaron en el informe, que cita a economistas como Gary Becker y a la premio Nobel Claudia Goldin.
“Porque detrás de cada anticonceptivo que deja de proveerse no sólo hay un insumo menos. Hay proyectos de vida truncados, derechos vulnerados, capital humano desperdiciado y años de desarrollo económico y social que el país pierde”, afirman las organizaciones que elaboraron el informe.