La motosierra ideológica que hace perder plata: Milei eliminó un plan que prevenía embarazos y ahorraba millones
Leila se enteró de que estaba embarazada en un baño de la escuela. Tiene 15 años. No dijo nada durante días. Cuando finalmente logró pedir ayuda, la consejera del Plan ENIA [Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia] ya no estaba. «No hay más asesorías», le dijeron.
«¿Y si tengo algo?». Florencia tiene 16 años y miedo de tener una enfermedad de transmisión sexual. Antes podía acercarse a la consejería del Plan ENIA en su escuela y hablar con alguien que la escuchara, que le diera información clara y la ayudara a acceder a un test sin trabas. Ahora, en la salita de su barrio, los médicos solo atienden a menores si van acompañados por un adulto. «¿Cómo le digo a mi mamá que necesito un test?». Volver a su casa con esa pregunta no es una opción.
Susana tiene 14. Dejó de ir al colegio. No dormía bien, no hablaba con sus amigas. Antes de que el Plan ENIA fuera desmantelado, un psicólogo la había ayudado a sobrellevar la angustia. Ahora, el espacio donde solía verlo está cerrado.
Leila, Florencia y Susana no se conocen, pero las une algo más que la adolescencia: la motosierra de Milei pasó sobre sus vidas. Como en un pueblo donde todos luchan por no ser el último eslabón de la cadena, donde siempre hay alguien más vulnerable a quien castigar, ellas quedaron en el fondo. Desaparecieron los espacios de contención en sus escuelas, las derivaciones a un médico sin trabas burocráticas, las consejerías que garantizaban un acceso real a la salud.
El gobierno de Javier Milei eliminó el Plan ENIA, una política pública que, desde 2017, brindaba asesoramiento en salud sexual y reproductiva en escuelas y centros comunitarios, facilitaba el acceso a métodos anticonceptivos y fortalecía la educación sexual integral. Era un salvavidas para miles de adolescentes y hoy es una herida abierta en cada historia como la de Leila, Florencia y Susana.
Los resultados eran claros: entre 2018 y 2021, la tasa de embarazos no intencionales en adolescentes se redujo casi a la mitad. El Estado gastaba apenas 60 dólares para prevenir un embarazo, mientras que atender uno podía costar diez veces más. Pero el gobierno de Milei decidió desmantelarlo.
Para entender qué significó este recorte, Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), aporta su mirada con la autoridad de quien estuvo al frente del Plan ENIA desde su creación. Coordinó técnicamente su implementación durante los gobiernos de Mauricio Macri y un periodo del de Alberto Fernández, un dato que refuerza su compromiso más allá de cualquier bandera política.
—En el informe «Plan ENIA en riesgo» se menciona que la maternidad temprana impacta en la educación y en la inserción laboral de las mujeres. ¿Cómo se traduce esto en términos de desarrollo económico para el país?
—La maternidad temprana trunca la trayectoria educativa de las adolescentes porque se les hace muy difícil, cuando no imposible, compatibilizar el estudio con la crianza. Al estar menos educadas que otras adolescentes que no son madres, tienen menos capital humano, lo que dificulta su ingreso al mercado de trabajo y, cuando lo logran, acceden a empleos menos calificados y, por ende, peor remunerados. Esa maternidad, en buena medida, hipoteca el futuro de esas adolescentes, su desarrollo personal y su inserción social. Esto impacta en el desarrollo del país porque la sociedad no dispone de recursos humanos calificados y sus ingresos aportan al fisco montos sensiblemente menores.
—¿Cómo afectó el ajuste del gobierno de Milei al Plan ENIA y qué impacto tuvo en su funcionamiento?
—El gobierno de Milei, ya en diciembre de 2023, ni bien asumió y en los primeros meses, tomó la decisión de desmantelar el Plan ENIA [Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia]. Rescindió los contratos de alrededor de 800 trabajadores y trabajadoras del plan que estaban asignados a brindar prestaciones directas a adolescentes en escuelas, servicios de salud y la comunidad. Sin recursos humanos, el Plan ENIA no existe.
Lo que hizo el Ministerio de Salud fue dar de baja esos contratos, lo que tuvo como consecuencia el desmantelamiento del plan. Las razones de esta decisión nunca fueron explicitadas de manera clara y adecuada, y, en principio, se puede pensar que fue parte del ajuste, a pesar del reconocimiento colectivo de muchos actores políticos y sociales de Argentina, incluyendo algunas autoridades del propio Ministerio de Salud actual.
—Si la evidencia demuestra que el Plan ENIA fue eficaz en reducir los embarazos no intencionales en adolescentes, ¿por qué creés que el gobierno de Milei está desfinanciándolo?
—El plan entró dentro de la lógica de los recortes generales del gobierno nacional y no se evaluó suficientemente el costo a futuro que implica desmontar un plan eficaz y eficiente como fue el Plan ENIA, no solo en relación con la población adolescente, el resguardo de sus derechos y su acceso a prestaciones de salud y educación, sino también en términos de los costos que implica para el Estado el aumento de maternidades tempranas.
—¿Cuál es hoy la situación concreta del programa en las provincias?
—Hoy en día, el Plan ENIA está desarmado en todas las jurisdicciones en las que operaba, que eran 36 departamentos de 12 provincias de Argentina. Estas provincias habían sido priorizadas porque tenían las tasas de fecundidad adolescente más altas entre las 24 provincias del país.
A pesar de toda la evidencia disponible sobre el impacto positivo del plan, de los análisis que demostraron su costo-efectividad y del reconocimiento social y político que logró reunir en sus años de funcionamiento, el Gobierno Nacional decidió desmantelarlo de todos modos. Fue, en parte, el impulso de la famosa motosierra del presidente Milei, esa obsesión por reducir el déficit fiscal, cuando en realidad el plan costaba US$ 60 por embarazo adolescente prevenido, una cifra francamente baja.
Se mezclaron esa urgencia por cortar políticas en los sectores donde era más fácil hacerlo y, por otro lado, un componente ideológico, porque está claro que el Gobierno Nacional es extremadamente refractario a todo lo vinculado con la agenda de género y la salud sexual y reproductiva.
En esta entrevista con El Economista, Ramos explica el impacto del ajuste en las provincias, los obstáculos que enfrentan los proyectos legislativos que buscan salvar el programa y la combinación de razones económicas e ideológicas que explican su desmantelamiento. ¿Por qué un plan con resultados comprobados fue desfinanciado? ¿Qué pasa hoy con las adolescentes que ya no tienen acceso a los servicios que brindaba el ENIA?
—¿Hay algún indicio de que el gobierno pueda revertir este ajuste o presentar una propuesta alternativa?
—No creo que haya ninguna voluntad por parte del Gobierno Nacional de rearmar el Plan ENIA. La idea fue desmantelarlo y, eventualmente, transferir la responsabilidad y la decisión a las provincias, si querían y podían sostenerlo.
Esa fue la jugada y la decisión que se tomó hasta el momento. En la práctica, ninguna provincia pudo retomar el Plan porque sus ingresos también se vieron muy afectados por el recorte de las transferencias del Gobierno Nacional, a pesar de que la gran mayoría tenía una evaluación muy positiva del proyecto. De hecho, antes de que terminara la última gestión, el Plan ENIA se había federalizado en el sentido de que las 24 jurisdicciones habían firmado convenios con el Gobierno Nacional para implementarlo en sus propias provincias. Esto ampliaba su alcance con compromisos de gestión entre Nación y provincias, lo que demostraba que había un reconocimiento del impacto positivo del plan y una voluntad política de sostenerlo.
Pero, frente a los recortes que también sufrieron las provincias por parte del Gobierno Nacional, ninguna pudo seguir sosteniéndolo y hoy el plan ya no existe. A pesar de esto, muchos de quienes trabajaban en él siguen intentando mantener algunas acciones, pero de manera personal, sin ningún tipo de apoyo económico ni coordinación por parte de los ministerios, ni provinciales ni, mucho menos, del Gobierno Nacional.
—¿Qué servicios o insumos esenciales dejaron de estar disponibles?
—El desmantelamiento del Plan ENIA tuvo como efecto el cierre de los dispositivos que lo conformaban, como las asesorías en escuelas y comunidades, donde adolescentes recurrían a especialistas -psicólogos, médicos, trabajadores sociales, educadores- capacitados para plantear sus dudas. No solo se trataba de consultas sobre salud sexual y reproductiva, sino que también se abordaban cuestiones vinculadas a la salud mental, la violencia, el bullying y otros temas que forman parte de las preocupaciones de los adolescentes en esa etapa de la vida. Todo eso dejó de existir, por lo que hoy en día ya no cuentan con esa escucha activa ni con las consejerías en los servicios de salud, que les permitían acceder a buena información sobre anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo.
Tampoco tienen el refuerzo que el Plan ENIA había implementado en la educación sexual integral dentro de las escuelas, con materiales específicos sobre anticoncepción y abuso sexual infantil. Todo eso quedó sin efecto como prestación para los adolescentes.
Asimismo, hubo un recorte significativo en la provisión de métodos anticonceptivos e insumos para interrupciones legales del embarazo en los servicios de salud. En 2024, por ejemplo, prácticamente lo único que se distribuyó en materia de anticoncepción y medicamentos para abortos fue lo que había quedado del stock remanente de las compras de la gestión anterior. El Gobierno Nacional no inició ninguna compra de drogas para abortos durante el 2024 ni las ha iniciado tampoco en 2025. El acceso a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria y legal del embarazo se vio gravemente afectado por el desmantelamiento del plan.
—¿Qué rol tenían los asesores en las escuelas y en la comunidad, y cómo ayudaban a los adolescentes a acceder a los servicios de salud?
—Los asesores y las asesoras iban un par de días a la escuela y tenían un espacio donde recibían la demanda espontánea de adolescentes que querían consultarles cosas de manera individual o grupal. También organizaban actividades dentro de la escuela, siempre coordinadas con las autoridades y docentes, como talleres, festivales y propuestas colectivas para movilizar a los chicos y chicas, e incorporar temas como salud sexual y reproductiva, salud mental y violencia en la agenda escolar.
Lo mismo ocurría en las comunidades: las asesorías en salud integral estaban tanto en las escuelas como en los barrios. En las escuelas funcionaban dentro del marco institucional y en la comunidad, en espacios comunitarios, clubes y otras organizaciones que recibían al asesor o la asesora. Allí se organizaban las mismas dos modalidades de actividades. En particular, las asesorías comunitarias estaban pensadas para aquellos pibes que, lamentablemente, no van a la escuela, algo que no es poco frecuente a esas edades en Argentina. A quienes se podía captar en las escuelas, se los acompañaba allí, y para quienes no, se les ofrecía un espacio similar en la comunidad.
Otra tarea clave de los asesores era la derivación, cuando fuera necesario y los chicos lo requirieran, a los servicios de salud con un turno protegido. Es decir, el pibe o la piba —sobre todo las pibas, porque muchas veces se trataba de consejerías en anticoncepción o interrupción del embarazo— llegaba al servicio de salud con ese turno ya coordinado y era recibida por el consejero o la consejera que también trabajaba en el servicio de salud bajo el Plan ENIA. Era una especie de salvoconducto que conectaba la comunidad o la escuela con el sistema de salud.
—¿Qué es lo que más extrañan los adolescentes tras la eliminación del Plan?
—Más que cualquier otro aspecto del Plan ENIA, lo que los pibes y las pibas extrañan es precisamente la desaparición de estos espacios. Por supuesto, también está el hecho de acudir al servicio de salud con una referencia protegida, que aseguraba un turno y garantizaba el anonimato de la consulta. Pero lo que más echan de menos son los espacios de escucha activa, donde podían ir, tocar la puerta, ser recibidos por un asesor o una asesora y conversar.
Eso es lo que realmente falta: un espacio protegido, confidencial, donde puedan ser escuchados y recibir información sobre sus preocupaciones. Y en caso de ser necesario, ser derivados al servicio de salud.
—¿El Plan ENIA financiaba los sueldos de los consejeros en los centros de salud?
—En los servicios de salud, las consejerías —que en general funcionaban en centros de atención primaria— estaban financiadas por el plan.
La población adolescente, en general, es sana, por lo que no suele acudir a los servicios de salud ni tiene por qué hacerlo. Y cuando lo hacen, muchas veces los rechazan o no los atienden como corresponde, porque van a hablar de temas que no suelen ser los más frecuentes en un centro de salud: su sexualidad, la regulación de la fecundidad para no quedar embarazados si no lo desean, o la interrupción de un embarazo. En muchos casos, el adolescente no es un paciente bien recibido en los servicios de salud.
Esa es la experiencia que la mayoría tiene. Por eso, contar con ese salvoconducto, ese pasaje entre la escuela o el barrio y el servicio de salud, con una referencia concreta y alguien que los estuviera esperando, fue un golazo del plan. Facilitó el acceso de los adolescentes a los servicios de salud y eliminó muchas de las barreras que enfrentaban al momento de buscar atención.
—Varios bloques políticos presentaron proyectos para convertir el Plan ENIA en ley, reconociendo su impacto positivo. ¿Qué creés que puede pasar con el tratamiento de estos proyectos en el Congreso?
—El Congreso tomó cartas en el asunto y organizó un par de jornadas en las que convocó a muchas de las personas vinculadas al Plan para exponer sus resultados y debatir sobre su implementación y los beneficios que trajo para la población adolescente. Fueron debates interesantes que se llevaron a cabo el año pasado en el Congreso.
También se presentaron dos proyectos de ley que estuvieron bajo discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Además, fueron tratados en la Comisión de Mujeres y Familia, pero hasta el momento ninguno obtuvo aprobación en Diputados para pasar al Senado.
Más allá de la buena voluntad de los legisladores que se comprometieron con estas discusiones y la elaboración de los proyectos, tanto la Cámara de Diputados como el Senado vienen funcionando de manera errática en los últimos tiempos. Es difícil lograr consensos para avanzar con una agenda que no sea estrictamente la que impone el Gobierno Nacional. Esas dificultades también influyeron en que estos proyectos, al menos hasta ahora, no hayan avanzado.