En cinco años, en la ciudad hubo casi 100 veces más interrupciones legales del embarazo

La cantidad de procedimientos para la interrupción legal del embarazo (ILE) en la ciudad aumentó casi 100 veces en los últimos cinco años, de acuerdo con la información sobre los tratamientos administrados en ese período en los hospitales y los centros del primer nivel de atención porteños que se presentó en la Legislatura porteña.

Por Fabiola Czubaj, para La Nación

Mientras que en 2014, cuando se empezó a proveer de misoprostol a los centros de salud, se hicieron 91 ILE, el año pasado fueron 8388 intervenciones: 58 de las 1191 menores de 19 años atendidas tenían apenas entre 10 y 14 años.

Estos son los registros que la Coordinación de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud porteño tiene solo del sistema público.

No hay información sobre el sistema privado, según aclararon Fabián Portnoy, director de Coordinación de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud porteño, y la médica Viviana Mazur ante la pregunta de legisladores durante la reunión informativa de la Comisión de Salud para avanzar con la adhesión de la capital al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la ILE. Cuando fue presentado en la Legislatura porteña, un grupo con pañuelos celestes se manifestó sobre la calle Perú contra esto.

«En 2019, ya contamos con 60 lugares, entre hospitales y centros de salud (comunitarios) que pueden brindar esta práctica de acuerdo con las excepciones que establece el Código Penal. Con 44 equipos en los Cesac que también ofrecen ILE aumentó en los últimos años el número de profesionales de los hospitales y los centros del primer nivel de atención que dan una respuesta a las mujeres -detalló Portnoy a LA NACION -. Se incorporaron cerca de 200 médicos generalistas, que es la especialidad tiene más manejo de las cuestiones asociadas con los derechos. Y hubo un momento en 2018 donde crecieron las consultas a partir del debate sobre el acceso al aborto. Además, desde 2014, el Ministerio de Salud vino dando respuesta al pedido de misoprostol: mientras que ese año se compraron 41 tratamientos, el año pasado, se adquirieron más de 8000.»

Durante la presentación ante los legisladores, el funcionario indicó también que la proporción de mujeres en edad reproductiva que recibió métodos anticonceptivos, incluidos los de larga duración, en los Cesac o los hospitales pasó del 46% en 2017 al 73% el año pasado. Eso se traduce en unas 85.566 mujeres.

En tanto, Mazur mencionó que el 84% de las prácticas de 2019 dentro de las excepciones que prevé el Código Penal (violación o riesgo para la salud o la vida de la madre) se hizo en los Cesac, comparado con el 11% hace cinco años.

El año pasado, 858 casos atendidos fueron víctimas de una violación, mientras que más de 7300 mujeres accedieron a la ILE porque se determinó que existía un riesgo para la salud y en 611 casos, para la vida. El 54% de los procedimientos se hizo en los Cesac en las zonas de atención que dependen de los hospitales Piñero, Penna y Santojanni.

Hasta las 12 semanas completas de gestación, la interrupción farmacológica (con misoprostol) se puede hacer en los Cesac o con atención ambulatoria en un consultorio externo hospitalario. Cuando la gestación es de 13 semanas o más o de menos de 12 semanas con alguna complicación, se deriva al hospital. «Y si la situación no se logra encuadrar dentro de las causales que el Código Penal plantea para la ILE, se garantiza el acceso a la información y los cuidados adecuados y a la atención postaborto», aclaró Mazur.

En todos los casos, según indicó Portnoy, se ofrece el acceso a un método anticonceptivo posterior. «Es una preocupación del equipo de salud y es lo que garantiza que no se repita (el embarazo)», dijo.

Acceso a la ILE

«El aumento del acceso a la ILE en la ciudad era una tendencia que se veía y nos parecía positivo porque a diferencia de otros lugares, como en algunas provincias, donde se dificulta o ponen trabas a la intervención, el manejo también estuvo muy orientado a la prevención», opina Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

Afirma que eso permitió que llegaran más casos precozmente para la atención en los Cesac y disminuir, así, los casos que tienen que recibir el tratamiento en los hospitales más allá de las 12 semanas. En eso, Bianco destacó el trabajo de los médicos generalistas o de familia.

El año pasado, el 14% de las ILE fue en menores de 19 años, incluidas las 58 madres niñas de menos de 14 años. El 86% restante de las mujeres tenía entre 20 y 45 años.

En nueve de cada 10 casos, la gestación era de hasta 12,6 semanas; un 8% recibió atención en un hospital, ya sea para un procedimiento farmacológico (21%), farmacológico e instrumental (34%) o instrumental únicamente.

Los datos presentados indican que un 1% de las mujeres que decide no seguir adelante con la ILE tras recibir la información. Nueve de cada 10 continúan con el procedimiento.

«Cuando las mujeres consultan al servicio de salud, ya tienen la decisión tomada. Y más de una vez, cuando les preguntamos qué harían si no pudieran acceder a la práctica en el sistema, nos contestan que ya evaluaron hacerse una interrupción por sus propios medios o de manera clandestina. Sabemos que con las prácticas clandestinas el riesgo de enfermar o morir es 100 a 1000 veces mayor«, indicó Mazur.

Bianco comenta que varias provincias avanzaron silenciosamente en los últimos años en la implementación de la ILE con la atención primaria y la participación de médicos generalistas. «Pero, en otras provincias, no adquirió la dimensión que tiene en la Ciudad de Buenos Aires», sostiene la médica especialista en salud pública y epidemiología, que además es miembro del consejo asesor de la sociedad civil en el programa Generación Igualdad de ONU Mujeres.

Recuerda que la última asamblea general virtual de la Organización Mundial de la Salud reconoció que, entre los servicios esenciales durante la pandemia de Covid-19, no se debe interrumpir la atención de la salud materna y la salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo de acuerdo con la legislación vigente en cada país.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) difundió el mes pasado un comunicado en el que recuerda que «la consulta por la ILE debe considerarse una prioridad por lo que no puede posponerse, ni derivarse a otro centro del mismo nivel». En ese caso, «en gestaciones de hasta 12 semanas, ambulatoria, sin sospecha de Covid-19», se insta a que los profesionales traten de dar respuesta en una sola consulta, «es decir, se realicen la evaluación, la certificación de causales, la ecografía necesaria y la entrega de la medicación para que se pueda hacer un seguimiento remoto telefónico o por videollamada».