Embarazo adolescente: al déficit cero se llega ajustando el Plan ENIA

Cada 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, efeméride con la que se busca visibilizar esta problemática social y sus incidencias.

En este marco, la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) elaboraron un informe sobre el tema, dando cuenta del impacto que el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) tuvo desde su creación en 2017, el presupuesto que el gobierno de Javier Milei le viene asignando y el que le asignará según lo proyectado en el Presupuesto 2025.

El Plan ENIA, una política modelo

El Plan ENIA es una política pública interministerial, de alcance federal, que se creó en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. Los resultados obtenidos desde entonces ubican a esta política pública como un ejemplo regional, reconocida por gobiernos y expertos.

Desde 2018 hasta 2023, el Plan ENIA se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) y en la provincia de Buenos Aires. Estos departamentos fueron priorizados debido a la cantidad de embarazos no intencionales que registraban. En 2023, reconociendo la relevancia de extender su aplicación a todo el territorio argentino, el gobierno nacional aprobó un Convenio Marco de Adhesión que fue ratificado por todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los números, que tanto le gusta ordenar en planillas al presidente Javier Milei y sus funcionarios, muestran que el ENIA es exitoso, tanto si se lo evalúa desde la mejora en la calidad de vida de su población objetivo como del “gasto” que significa para el Estado nacional.

En concreto: en 2018, siete de cada 10 embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a ocho de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021, se lograron reducir estas estadísticas a cinco de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a siete de cada 10 en niñas menores de 15 años.

Según datos del Proyecto Mirar, entre 2018 y 2021 la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente en los segmentos de 10 a 14 años, 15 a 19 años y 10 a 19 años se redujo prácticamente a la mitad (43%, 45% y 49% respectivamente). Los resultados del Censo 2022 coinciden en los impactos de la prevención al arrojar una reducción del 50% en la cantidad de adolescentes con hijos/as.

 

¿Cómo se implementa el ENIA?

El principal objetivo del Plan es promover el acceso a bienes y servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, así como también la prevención de los embarazos no intencionales y las maternidades forzadas.

Mediante el trabajo conjunto de los ministerios nacionales y autoridades provinciales con competencias en salud, desarrollo social y educación, el Plan ha facilitado el acceso a métodos anticonceptivos al mismo tiempo que ha fortalecido las políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual.

Esta política se lleva adelante a través de diversas estrategias, como el fortalecimiento de la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y las asesorías en salud integral en las escuelas y las comunidades.

Los equipos interdisciplinarios (conformados por psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, médicas, obstétricas) visitan escuelas y centros comunitarios para acompañar en temas de salud integral, gestionar turnos protegidos en los centros de salud y garantizar los métodos anticonceptivos de larga duración, entre otras cosas.

 

Impacto social y económico

Como bien explica el informe presentado por las organizaciones, la problemática del embarazo adolescente impacta en las vidas de las mujeres pero también en el desarrollo económico del país, ya que prevenir la maternidad temprana y posibilitar así la continuidad de las trayectorias educativas de niñas y adolescentes, es fundamental para romper el ciclo que perpetúa la pobreza en Argentina.

Los datos en este sentido también son contundentes: la evidencia muestra que sólo el 38% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia (entre 10 y 19 años) completó la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madres en edad adulta completó ese nivel.

Asimismo, las mujeres que fueron madres en la adolescencia resultan afectadas por la inactividad laboral en un 25% más respecto de quienes lo fueron en la primera década de la edad adulta (de 20 a 29 años).

“El costo de no invertir en prevención es significativamente mayor que los fondos destinados al
Plan ENIA”, señala el informe, y explica: “Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino utiliza U$S 200 millones para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes. En contraste, el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,7 millones. El mismo estudio señala que el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces la inversión en el Plan ENIA”.

 

La batalla cultural en la que perdemos todes

Desde antes de asumir, y ahora como presidente, Javier Milei repite que «la raíz del problema argentino no es político y/o económico. Es moral». Según el mandatario de ultraderecha, la «decadencia» argentina se debe a “las ideas empobrecedoras del colectivismo», la forma en la que suele referirse al socialismo, la izquierda, el comunismo, el peronismo, y todo lo que no sea su forma mercantilista, individualista y anti Estado de concebir la vida.

El combate a la “ideología de género” es una de los pilares del gobierno de La Libertad Avanza y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo dejó claro cuando dijo ante las y los diputados: “Se acabó sólo el género, nosotros vamos por otros valores, nosotros vamos por la familia”.

Para entender qué significa esta batalla más allá de lo discursivo, basta con ver, en este caso, los números que el gobierno libertario viene destinando y destinará al Plan ENIA.

En el informe se indica que, en los primeros meses de la gestión, el Estado nacional suspendió los fondos destinados a sostener las oficinas en las que funcionaba el Plan ENIA en cinco provincias, despidió a 619 personas de los equipos operativos que se desempeñaban en 12 jurisdicciones y desfinanció las partidas presupuestarias destinadas a la compra de insumos.

“A pesar de que desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva afirman que el aseguramiento de insumos es una línea estratégica priorizada, los procesos de compras siguen detenidos”, señalan las organizaciones. “Sin la distribución del gobierno nacional y ante la crisis económica que impacta en los presupuestos provinciales, es muy alto el riesgo de que no puedan sostener el Plan”.

El presupuesto 2024 para el ENIA, y para todo el Programa de “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable” que es la política macro donde se inserta el plan, es el mismo que tuvo en 2023. Teniendo en cuenta que la inflación promedio interanual se estima por encima del 220%, esto significa una disminución del 70% en términos reales en comparación con el año 2023. “De no haber un incremento en el crédito vigente para este Programa, el presupuesto de 2024 será el más bajo desde 2013”, explican.

Pero además de destinar muchísimo menos dinero, la plata disponible ni siquiera está siendo usada. “Durante los primeros ocho meses de 2024, el Ministerio de Salud experimentó una disminución del 15% en su ejecución en relación al mismo período de 2023. En este contexto, el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable enfrentó una caída en la ejecución interanual del 76,5%. Es decir, esta disminución fue significativamente mayor que la del Ministerio y estuvo por encima de la reducción general del gasto público”, indica el informe. A esto se suma que a septiembre sólo se ejecutó el 15% del presupuesto vigente para el Plan ENIA y el 25% del total del programa.

Qué esperar para 2025
El proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo profundiza la desinversión en el Plan, con una reducción real (ajustada por inflación) del 27% respecto al presupuesto vigente de 2024 y del 78% en comparación con 2023.

Como si todo esto fuera poco, además, incorpora una nueva regla fiscal que establece un límite de gasto para las partidas no indexadas por ley (como es el caso del ENIA). Esto significa que, en caso de no alcanzar las proyecciones de inflación o recaudación, serán estas partidas las que se recorten para asegurar el superávit fiscal. Dicho de otra forma: si el presidente no logra su ansiado “déficit cero”, va a dejar sin acceso a la salud sexual reproductiva y no reproductiva a niñas y adolescentes. Prioridades ¿no?

“El desfinanciamiento del Plan ENIA tiene dos graves consecuencias. Por un lado, compromete el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, genera pérdidas de ingresos para el Estado y la economía nacional”, comentan las organizaciones al cierre del informe. “Resultará en un aumento de mujeres que no completarán su educación ni accederán al mercado laboral, lo que se traducirá en menores ingresos, provocando una pérdida de productividad a la sociedad equivalente a 0,14% del PIB y una pérdida de ingresos fiscales para el Estado estimada en 66 millones de dólares al año”.