El pañuelo verde entró de lleno a la Casa Rosada

El ministro de Salud lo anunció en la propia Casa de Gobierno. Es un protocolo similar al que había firmado el exsecretario Adolfo Rubinstein y que luego fue vetado por Mauricio Macri.

Por Mariana Carbajal para Página 12

El derecho al aborto legal recibió un fuerte respaldo de la Casa Rosada. El ministro de Salud, Ginés González García, firmó la resolución que actualiza el «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo», que había sido derogado por el expresidente Mauricio Macri. Saldrá publicado este viernes en el Boletín Oficial. El anuncio se hizo en Balcarce 50. Todo un símbolo. En su segundo día como mandatario y poco antes de la conferencia de prensa que brindó GGG para dar detalles de la medida, el presidente Alberto Fernández lo recibió junto a su par a cargo del flamante ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. A la reunión fueron invitadas integrantes del consejo asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable –como la abogada Nelly “Pila” Minyersky– la mayoría de las cuales también son parte de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Otro gesto. El pañuelo verde entró por la puerta grande de la Casa de Gobierno.

“Ha sido actualizado y va a seguir siendo actualizado. ¿Y cuáles son las dos razones centrales? Por un lado las modificaciones que ocurren en la legislación de nuestro país. En el Código Civil y Comercial del 2015 se incluyeron derechos que no estaban en el protocolo del 2015. Y la segunda parte es que la evolución del procedimiento hace que se modifiquen cuestiones científicas, la medicación que se utiliza y eso usando cánones internacionales está puesto en este nuevo protocolo”, precisó el ministro. “Iniciamos un camino que es el de aplicación de la ley y creemos que va a haber algunas organizaciones antiderechos que van a cuestionar. Nosotros estamos dando un instrumento sanitario para que se cumpla la ley y los derechos de la persona que lamentablemente están en situación de Interrupción Legal del Embarazo”, agregó. También subrayó que «la objeción de conciencia no puede ser una coartada para el incumplimiento de la ley en el caso de una institución». El protocolo aclara que la objeción de conciencia es un derecho individual. Si un centro médico no quiere hacerse cargo de la atención, debe ocuparse de la derivación a otro lugar de la mujer o persona gestante. En caso de que se trate de una emergencia, el profesional deberá garantizar la práctica.

«No creo que sea fácil ni que el protocolo en sí mismo cambie la historia, pero nosotros estamos dispuestos a cambiar la historia mucho más allá del protocolo», proyectó GGG a dos días de asumir en el rejerarquizado ministerio. El sanitarista señaló que la guía —que tuvo pocas modificaciones respecto de la presentada por el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein, a quien firmarla le costó el cargo— sistematiza los procedimientos médicos para que la ley se cumpla «de igual manera en cualquier parte del país», aunque reconoció que «dependerá de la adhesión de cada provincia» y criticó a aquellas que han hecho de su rechazo un «combate contra el protocolo», por lo cual se comprometió personalmente a seguir su aplicación. Anunció también que presentará el protocolo actualizado en la próxima reunión del Consejo Federal de Salud, que se realizará en pocos días, para darle respaldo federal. En ese espacio participan los ministros del área de las provincias.

Ya adhirieron al protocolo actualizado en 2015 diez provincias (Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco). Otras 9 redactaron sus propios protocolos (Catamarca, Chubut, Caba, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. Dos, Formosa y San Juan, no tienen una guía de esas características pero usan el protocolo nacional. Y tres, Corrientes, Tucumán y Santiago del Estero no tienen ni lo aplican y el acceso al aborto legal es mucho más dificultoso, como quedó en evidencia este año con el caso de la niña Lucía, de 11 años, en Tucumán.

De todas formas, aunque no haya protocolos se deben garantizar igual, dado que están previstos en el Código Penal.

«La sociedad va cambiando y eso nos fortalece», valoró GGG en relación a la lucha del movimiento feminista, pero puso su anhelo en que el protocolo sea un «respaldo para los profesionales que estén cumpliendo con la ley». Aseguró también que se comenzará por hacer cumplir las leyes de Salud Sexual y Reproductiva y la Educación Sexual Integral.

Durante la conferencia de prensa estuvo acompañado por la titular del Programa Nacional de SSyPR, Valeria Isla –quien ocupó ese cargo durante la anterior gestión de GGG–, y dos integrantes de los equipos técnicos, las médicas Mariana Romero, directora del CEDES, y Analía Mesina, quien participó en la redacción del protocolo.

Respecto a la legalización del aborto, Ginés señaló que ya son conocidas tanto su posición como la del presidente Alberto Fernández a favor de la legalización, pero consideró que es una discusión que tiene otros tiempos, ya que se debe discutir en el Congreso. En ese punto, criticó que el debate abierto por el ex presidente Macri terminó siendo «una pelea electoral, lejos del debate sobre la salud pública» y ratificó que la legalización evitará 30 muertes por año y casi 50 mil internaciones.

El protocolo actualizado no crea derechos nuevos. Apunta a garantizar la atención en los casos en los que ya es legal desde 1921 –cuando el embarazo es producto de una violación o cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer–, tomando en cuenta las definiciones sobre la posibilidad de dar consentimiento ante prácticas médicas de personas menores de edad y con discapacidad, según el nuevo Código Civil y Comercial. Además, incorpora recomendaciones de la OMS basadas en evidencia científica, para brindar la mejor atención médica. En la actualización trabajó un nutrido grupo de reconocidas especialistas en salud y derecho.

Su derogación por parte del ex presidente Macri no quitó derechos. Pero causó confusión. Siguió vigente el protocolo redactado en 2015.

Al momento de las preguntas, tomó la palabra Mariana Romero del CEDES, y brindó algunos detalles más: “La normativa argentina no establece un límite de edad gestacional. Por lo tanto, este protocolo está hecho en base a los mismos estándares que maneja la OMS. Los equipos de salud vamos a tener que trabajar como venimos haciéndolo. Respecto a la objeción de conciencia, es individual, la ejercen las personas y no las instituciones. El protocolo es claro. Da lugar a la objeción de conciencia, pero las instituciones y particularmente las instituciones públicas somos responsables de prestar los servicios en el marco de la ley. El plazo es de 10 días. No es que aplica a la violación, aplica al momento de la solicitud, no importa la causal: en 10 días debe darse lugar a la práctica”.