El desmantelamiento de políticas y la red que sostiene el derecho al aborto

Fue una funcionaria clave para la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ahora activa desde la sociedad civil. Valeria Isla analiza el retroceso en salud sexual, el impacto en las provincias y el rol de las redes feministas para sostener el acceso al aborto.

Para Valeria Isla -y no sólo para ella-, el año 2024 fue “durísimo”. El desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y del plan ENIA -que habían logrado convertir en política de estado para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia- apuntaba a destruir un trabajo colectivo de años. “El gobierno, cuando asumió Milei, lo que atacó es el corazón también de políticas muy beneficiosas para la población”, plantea hoy, desde la sociedad civil, Isla. Es que Nación no ejecutó el presupuesto para el área, ni siquiera envió a las provincias los insumos que ya se habían comprado, y todo el tiempo intenta horadar la despenalización social del aborto que empujó la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el 30 de diciembre de 2020.

Dos años después, como integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (REDAAS), Valeria Isla también puede ver la potencia de las redes feministas que se organizan para garantizar derechos en los contextos más adversos. «Tenemos una huella, una experiencia que nos dijo que era posible, era posible abastecer de insumos gratuitos, era posible tener una política de acceso al aborto seguro. O sea, construimos posibles. Y eso nos da otra perspectiva para resistir y para crear nuevas formas presentes y para adelante», dice Valeria Isla en diálogo con Las12.

La experiencia se hizo en plena pandemia. «Fue una adversidad enorme cómo sacamos la ley, como colectivo feminista, y cómo implementamos la política. Eso genera, me parece, una experiencia incorporada, pero no solo a quienes estuvimos gestionando, sino al conjunto del feminismo y de los equipos y del sistema de salud, pero también de la sociedad». Esa experiencia le da «una esperanza enorme y mucha potencia». Que no nació sola, sino a partir de «estar muy cerquita de las compañeras y de los equipos de salud y de las usuarias».

-¿Cómo está hoy el desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva?
-Por un lado, con la decisión de no comprar medicación para el aborto, tanto misoprostol como mifepristona, frenaron todas las compras que estaban en curso, las frenaron. Y por otro lado, en marzo de 2024, con el desmantelamiento del Plan Enia, que fue un hito muy importante, porque el Plan Enia había disminuido la tasa de fecundidad adolescente en 5 años al 50%. O sea, en el 2018 teníamos 50 cada 1000 adolescentes tenían un embarazo no intencional y en 2023, 25 cada 1000 adolescentes, o sea, un 50% de reducción.

El corazón de una política completa

Isla se entusiasma al mostrar los números del plan ENIA porque fue una política pública de efectividad comprobable. «Un plan que había pasado por dos gestiones de gobierno diferentes, porque empezó con el gobierno de (Mauricio) Macri, continuó con el de (Alberto) Fernández, se pudo convertir en una política de estado y sumado a que redujo la brecha de en lo que es el descenso de la fecundidad y termina en el 2023 con la brecha del 11.33, o sea, también disminuye casi 52 por ciento y eso es equidad», plantea Isla ahora.

-¿Cómo se produjo ese ataque en términos concretos?
-El acceso al aborto y el plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia, además del desabastecimiento de preservativos y después, respecto a métodos anticonceptivos, con enormes demoras y con algunas compras retrasadas de métodos de larga duración, con un sistema de distribución muy precario, con falta de oportunidad. Fue un ataque muy directo a la política de salud sexual y reproductiva, entre ellas el Programa Nacional que desde el 2003 fue insignia de esta política.

-¿Qué pasó con dispositivos de acceso como la línea 0800?
-Mezclaron equipos, redujeron personal. Pensemos que tuvo una reducción importante. El 0800 tenía gente formada específicamente para salud sexual y quedaron muchas menos personas.

-¿Cuál fue el impacto en las provincias?
-Las provincias de la noche a la mañana tuvieron que salir a hacer frente junto con otros temas de salud pública, pero en este… a ver cómo resignaron fondos, los subejecutaron, uno mira los números presupuestarios y ve que no los utilizaron, o los asignaron a otras áreas o directamente no los ejecutaron, entonces a las provincias no les transfirieron ni un peso para desarrollar estas políticas.

-¿Cómo se expresa esa desigualdad en concreto?
-Este retiro del Estado Nacional y de lo que llamamos la rectoría, aumenta las brechas de desigualdad e inequidad y cada quien hace lo que puede, es un poco el sálvese quien pueda. Si una provincia como Neuquén que puede tener recursos versus otra provincia como Formosa, o Salta, marca la diferencia según el lugar donde cada quien nace, que es un poco a lo que apuntaría una política pública equitativa, a nivelar y tratar de eh de revertir esas desigualdades.

-A esto se sumó la culpabilización a las mujeres por la baja de la natalidad y la criminalización discursiva del aborto…
-En ese sentido, la película Belén vino a ocupar un lugar en el escenario en la narrativa pública muy importante, en relación a ese intento de criminalización. Porque hay algo interesante, en estudios de opinión como el que hizo CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), que muestran que la opinión pública ha aceptado, y ha incorporado como propia la agenda de salud sexual y reproductiva y muchos de los temas de género. O sea, que hay una diferencia importante entre este discurso del gobierno tan retrógrado y antiderechos respecto a lo que la sociedad argentina ya tiene incorporado como algo como parte su vida cotidiana, sobre todo la agenda de salud sexual y reproductiva. Entonces, eso es interesante para pensar qué podemos seguir haciendo.

-¿Cuánto tienen que ver las redes que fueron armándose durante 20 años, especialmente de profesionales de la salud, con que haya mecanismos que funcionan y derechos que se garantizan?
-El feminismo, una característica en la Argentina es que está permeado, está también dentro del sistema de salud público y esto ha permitido que rápidamente la ley de IVE e ILE se puede aplicar con mucha rapidez, que la política pública en su momento, una vez que se aprueba la ley, se aplica porque hay equipos a lo largo y ancho de todo el país que sostienen y que fueron sosteniendo. También esto que comentaba, nosotros ganamos también a la opinión pública, una agenda que tiene una aceptación y hay una demanda de la población, por lo menos en lo diario hacia los servicios, hacia parte, digamos, de esa agenda. No sólo en los servicios de salud, sino también a partir de las redes comunitarias. Por un lado se sostiene por trabajadores y trabajadoras insertos en el sistema público, por los equipos de salud, por las organizaciones territoriales, feministas y también comunitarias.

-Además de los acompañamientos a las personas que requieren un aborto, ¿qué otro tipo de acciones se van activando en este contexto para garantizar derechos?
-Desde Redaas, acompañamos a algunas provincias para fortalecer el sistema de compra de insumos. Hoy el tema de los insumos para acceso al aborto son claves. Sabemos que Santa Fe produce tanto misoprostol como mifepristona y puede abastecer a sus servicios públicos. El tema de los insumos, el precio, el acceso es importante. Si bien desde hace algunos años tenemos registrada la mifepristona y se vende, bueno, el tema de precios no es menor a la hora de que las provincias y los servicios se tengan que hacer cargo.

La incesante tarea
Acompañar a las provincias para que compren mejor, generar diálogo entre las provincias para que mejoren sus accesos a los insumos, sostener un sistema de información interjurisdiccional ante la falta de un rol de rectoría y monitoreo nacional, son algunas de las tareas para evitar la desarticulación total. El 30 de diciembre de 2020, en el país ya había mucha tarea realizada, desde abajo, para garantizar los accesos. «Argentina desde que se implementó la ley tiene un porcentaje muy alto, en el nivel de Inglaterra, por ejemplo, de proporción de abortos que se hacen en menos de las 14 semanas. Hay provincias que lo tienen el 85 y otras han llegado al 96%, eso es importantísimo, porque también permite poder llegar a la población desde el sistema de atención primaria, que es mucho más capilar», plantea la activista, que conoce todo el mapa nacional por haber sido una funcionaria clave.

Intentar, persistir, inventar. «Con Redaas estamos trabajando con algunas provincias para la mejora de sus regulaciones para ampliar las competencias de las obstétricas. Jujuy, Neuquén y Mendoza habilitan a que las obstétricas puedan también prescribir mifepristona y misoprostol. Y esto es clave porque ellas están en el primer nivel de atención, muy cerca de la población. Entonces son estrategias que permiten mejorar el acceso».

-También hay incertidumbre en las personas sobre la legalidad a partir del discurso del gobierno…
-Toda la estrategia de desinformación genera un impacto muy negativo. Eso sin duda genera confusión, genera temores, además que el volumen de disponibilidad de insumos para acceso gratuito que había antes de 2023, eso va construyendo también una legitimación. Si el Estado Nacional compra 95.000 tratamientos para asignar a las provincias, según lo que reportan de demanda que tienen para acceso al aborto, se transmite también la idea hacia las usuarias, de que está permitido, que está habilitado, que es su derecho. Entonces, bueno, va rompiendo barreras y estigmas también.

-¿Y cuando no está esa política pública?
-Cuando eso no sucede, se va fraccionando la información y además hay obstáculos. Hay estrategias de resistencia y creativas para poder en los equipos de salud. Por eso, un eje prioritario es cuidar a los equipos de salud y acompañarlos de múltiples maneras. Esa experiencia acumulada -la de haber construido políticas, redes y acceso- es también, hoy, lo que permite sostener y reinventar estrategias en un escenario adverso.