El acceso al aborto disminuye en la Argentina de Milei, tres años después de la legalización

Montecarlo es una pequeña ciudad de la provincia de Misiones, Argentina , con poco menos de 20.000 habitantes. Quienes pasean por sus barrios pueden encontrar calles adoquinadas, pero la mayoría de los caminos son de tierra. Quien quiera viajar desde esta localidad hasta Posadas, la capital provincial, tiene que conducir durante unas tres horas.

María (que pidió no ser identificada por su nombre real para evitar ser reconocida en su ciudad) cuenta que en Montecarlo todos los vecinos se conocen. Tiene cuatro hijos: el mayor tiene 13 años y el menor poco más de un año.

Mientras habla, amamanta a su bebé y explica que desde hace un tiempo es ella quien se encarga de todas las responsabilidades del hogar y del cuidado del niño: su marido perdió su trabajo registrado en febrero y tuvo que mudarse a un pueblo cercano donde realiza trabajos de limpieza en los campos.

En julio, María notó un retraso en su menstruación a pesar de usar anticonceptivos. La situación en casa no era fácil y mantener a cuatro hijos con un ingreso informal dificultaba que su familia pudiera salir adelante cada mes. María dice que tener otro hijo no era una opción. En cuanto sospechó que podía estar embarazada, acudió a su ginecólogo habitual, quien la había ayudado a dar a luz a sus hijos.

“Cuando me enteré entré en pánico porque mi bebé tenía apenas un año en ese momento. Tuve complicaciones en otros partos y después del último, el médico me dijo que sería imposible que tuviera otro bebé, que sería demasiado riesgoso”, explica María a CNN.

Durante la consulta, María preguntó sobre sus opciones para acceder a un aborto, pero el médico le dijo que no realizaba esos procedimientos y le pidió que se retirara.

Tras esta respuesta negativa inicial, María consiguió una cita en el hospital público local. Allí también pidió ayuda, pero no pudieron brindarle información sobre sus alternativas. Así que buscó una tercera opción: viajó a Eldorado, una ciudad vecina a Montecarlo, donde el hospital público cuenta con una sección de planificación familiar.

Allí la sentaron con otras pacientes y les explicaron a todas cómo funcionaba el procedimiento del aborto. Cuando algunas de ellas preguntaron si el hospital les proporcionaría la medicación, les respondieron que no había suficiente y les darían una receta para comprar el fármaco abortivo misoprostol de forma privada.

“En ese momento no tenía 100 mil pesos (unos 73 dólares al tipo de cambio paralelo de julio). Mi esposo había perdido su trabajo registrado, así que fui al hospital público para conseguirlo gratis”, explica, y agrega que intentó consultar sobre el misoprostol con profesionales del hospital público de su zona, pero tampoco tenían medicamento gratuito.

“Cuando pregunté, me respondieron: no, no tenemos. Empecé a llorar, volví a casa, estaba desesperada porque mi marido se había ido lejos a trabajar y yo me había quedado sola. Sentí que se me cerraban todas las puertas. Y llegué a casa llorando con mi bebé en brazos”, relata María.

CNN se comunicó con el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, donde confirmaron: “Este año hemos tenido un desabastecimiento importante por parte del Programa Nacional de Salud Sexual, en lo que respecta a la canasta de productos de salud sexual, entre ellos el misoprostol. La provincia está trabajando para restablecer la situación, y en el caso específico de la consulta se están enviando tratamientos a los hospitales para asegurar el acceso”.

Desde el inicio de su gestión, el gobierno del presidente argentino Javier Milei detuvo la compra de insumos esenciales para el acceso al aborto y no ha entregado una sola caja de misoprostol, mifepristona o cánulas de aspiración manual al vacío, elementos esenciales para garantizar el acceso al aborto a las personas embarazadas, según una solicitud de información presentada por el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional.

En Argentina, en 2021, se legalizó el aborto en todos los casos hasta las 14 semanas de gestación. Según la legislación, una persona que desee abortar tiene derecho a hacerlo de forma segura y gratuita.

Sin embargo, el ejercicio de este derecho se ha vuelto cada vez más difícil en el país durante este último año, como lo confirman organizaciones dedicadas al monitoreo de los derechos reproductivos en Argentina, como Amnistía Internacional, el equipo latinoamericano de Justicia y Género y la Red de Acceso al Aborto Seguro, entre otras.

Según el informe presentado en mayo por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Argentina, la distribución de medicamentos y equipos para aspiración manual endouterina no se había realizado hasta ese mes por falta de stock, y la garantía de esos insumos para los meses restantes dependería del avance de la licitación pública, que al momento de la respuesta oficial, estaba en marcha.

En septiembre, Amnistía Internacional hizo una nueva solicitud de información para dar seguimiento a esta cuestión. Hasta la fecha, el gobierno no ha respondido a esta nueva solicitud. CNN reiteró la solicitud y tampoco ha recibido respuesta.

Buscando una solución alternativa

Como último recurso, María buscó alternativas en internet. Así fue como dio con Amnistía Internacional, una organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos. A través de un formulario en su página web, compartió los obstáculos que enfrentó para acceder a un aborto en su provincia y en una semana, profesionales de la ONG la contactaron y la orientaron sobre cómo obtener los medicamentos de manera gratuita para hacer valer su derecho a un aborto legal, seguro y gratuito.

María es uno de los casos en los que Amnistía Internacional tuvo que intervenir para garantizar un aborto seguro. La ley establece que las personas que deseen acceder a este procedimiento deben tener garantizado su derecho en un plazo no mayor a diez días. María tardó casi un mes en abortar.

Según la organización, las denuncias sobre barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo a través del formulario de denuncia disponible en su página web aumentaron un 80% en el año hasta agosto de 2024 respecto al año anterior.

Lucila Galkin, directora de género y diversidad de Amnistía Internacional Argentina, advierte en entrevista con CNN: “La información oficial es que no habría insumos hasta octubre, pero sabemos que la situación es aún peor. Es mucho más crítica porque ni siquiera se inició la compra de estos insumos, por lo que es probable que no haya durante todo el año”.

El contraste con los datos de años anteriores es llamativo, explica Galkin. “Mientras que en 2023 se garantizaron o distribuyeron a nivel nacional cerca de 150.000 tratamientos de la combinación misoprostol y mifepristona, este año las provincias no han recibido stock y lo hemos ido constatando con pedidos de información pública a diversas provincias”, detalló.

En la misma línea se encuentran los profesionales de la salud de la Red de Acceso al Aborto Seguro (RedAAS). Una de sus directoras, Silvina Ramos, explica a CNN que a la falta de distribución de estos medicamentos se suma el desabastecimiento de condones, anticonceptivos orales, implantes y la canasta completa de insumos para la salud sexual y reproductiva.

Galkin, de Amnistía Internacional, destacó que las provincias no sólo denuncian la falta de acceso a insumos para la interrupción voluntaria legal del embarazo, sino también la escasez de métodos anticonceptivos. “Existe mucha preocupación por el impacto que esto tendrá en la planificación familiar”, enfatizó.

CNN se comunicó con el Ministerio de Salud Nacional con respecto a la escasez y la segunda solicitud de información pública, pero no recibió respuesta.

Una solución temporal

Según Amnistía Internacional y RedAAS, los gobiernos provinciales están buscando alternativas para llenar el vacío dejado por el gobierno nacional en salud reproductiva.

“Algunas provincias han realizado compras directas de inmediato porque, de lo contrario, se terminan vulnerando los derechos de las mujeres y de las personas embarazadas”, explica Galkin.

Ramos añade: “Las provincias están comprando en cantidades que probablemente no cubran toda la demanda, pero hay voluntad de algunas provincias de asumir la compra de insumos”.

El problema de dejarlo en manos de cada provincia, explican ambos especialistas, es que profundiza las desigualdades entre las distintas regiones del país, ya que no todas tienen los mismos recursos.

Ramos asegura que el impacto de este retroceso del gobierno de Milei en las políticas de salud pública puede ser doble: “Las mujeres que terminan no accediendo al aborto y que pueden recurrir a abortos inseguros o continuar con un embarazo forzado. Esas son las opciones para una mujer que quiere abortar y no puede acceder al procedimiento”.

Galkin concluye: “Se ha demostrado, en dos años de implementación, cómo ha contribuido a reducir, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna por aborto en un 53% de 2020 a 2022. La interrupción legal voluntaria del embarazo es otro servicio de salud que debe incluirse en el programa médico obligatorio y debe estar disponible para la población porque es un tema de salud pública”.