Es hora de reparar
Un punto de partida: Beatriz quería vivir para ver crecer a su hijx y alcanzar algunas metas, pero en 2013 el Estado salvadoreño le impidió el acceso a la interrupción de un segundo embarazo de feto anencefálico, necesaria también por su delicado estado de salud, que se agravó hasta la muerte, en 2017. Ahí, el grado cero de la encerrona antiderechos. Y sin embargo, este primer trimestre de 2023 su historia podría sentar precedente histórico para El Salvador y Latinoamérica, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tratará el caso, en pos de lograr la reparación integral del daño a su familia y obtener medidas de no repetición, para asegurar que ninguna niña ni ninguna mujer se vean forzadas a pasar por las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometida Beatriz, “además de la modificación del marco normativo que atenta contra la vida de miles de personas gestantes en El Salvador”, subrayan desde Justicia para Beatriz, un conjunto de organizaciones que acompañaron a la joven durante todo el proceso de interrupción del embarazo, y mantienen un litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en contra del Estado. En Argentina, la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) se suma a la Campaña en una trama regional, con el empeño de cambiar las leyes salvadoreñas que establecen la criminalización total del aborto. “Justicia para Beatriz es Justicia reproductiva”, propala Redaas, frente a uno de los países más restrictivos del planeta en términos de derechos sexuales y (no) reproductivos.
“Esperamos que la Corte IDH falle a favor de Beatriz. Este fallo no le devolverá su salud o su vida. Tampoco le devolverá a su familia tenerla con ellxs. Pero será una herramienta de incidencia importante para levantar las restricciones, fortalecer el concepto de salud integral y entender el aborto como parte de la vida y de las decisiones de las mujeres”, explica la investigadora Mariana Romero, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), una de las organizaciones que encabezan Redaas.
Beatriz es un ejemplo «extremo y trágico» de la negligencia del Estado y de la decisión de no actuar acorde a la garantía y el respeto a los derechos humanos, alerta Romero. “El Salvador optó por apegarse a un marco normativo que no trae sino consecuencias graves e irreparables a la vida de una mujer y también de sus hijos y su familia, que dilata y expulsa a las mujeres del lugar donde deberían sentirse acompañadas y cuidadas como es el sistema de salud”, lamenta. Persecución, apremios y judicialización se reproducen en un contexto social e institucional que, como dice la titular del Cedes, “intimida tanto a las mujeres como a los equipos de salud, que temen las sanciones legales, la estigmatización y la falta de garantías para cumplir con sus principios éticos y profesionales”.
Después de haber sido condenado el 1 de diciembre de 2021 por el caso Manuela, el primero en llegar a la Corte IDH para reconocer que la negación de servicios de salud reproductiva es discriminación y violencia contra las mujeres, el Estado salvadoreño vuelve a enfrentar un nuevo juicio que lo compromete en el cercenamiento de derechos reproductivos. Manuela, como Beatriz, vivía en una zona rural, bajo condiciones económicas y educativas precarias. En 2008, tras una emergencia obstétrica, quedó detenida por “homicidio agravado” y sentenciada a treinta años de prisión. Mientras cumplía su condena fue diagnosticada con un linfoma de Hodgkin. Tras recibir un tratamiento tardío, murió en abril de 2010, a los 33 años.
Beatriz falleció el 8 de octubre de 2017. Su frágil estado de salud precipitó las consecuencias fatales de un accidente de tránsito. En 2022 se cumplieron cinco años de su “legado de valentía y determinación”, relatan quienes recuerdan a esa compañera devenida en defensora de los derechos humanos, madre pobre rural, que en febrero de 2013, apenas nueve meses después de haber parido con cesárea a su primer hijo, certificó un embarazo de 11 semanas, de obvio alto riesgo, y la comprobación de feto anencefálico, incompatible con la vida extrauterina. Beatriz «se atrevió» a exigirle un aborto terapéutico a la institucionalidad de El Salvador en pleno, el derecho a continuar con su vida y procurar la mayor dignidad a una salud deteriorada por lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica, insuficiencia renal, anemia severa, hipertensión arterial y artritis reumatoidea.
Pese a los dictámenes médicos que establecieron la interrupción urgente del embarazo, pese al clamor social, del movimiento de mujeres y diversidades, y de organismos de derechos humanos, el Estado negó el procedimiento, y fue forzada a continuar con una gestación inviable casi tres meses más. El 3 de junio de 2013, con una batalla legal de 81 días a cuestas y la intervención de la Corte IDH, el Estado realizó el procedimiento de interrupción del embarazo mediante una cesárea. Pero el daño estaba hecho, y la vida y el hilo de salud que pendían de Beatriz habían sido lastimados.
“Este caso muestra las consecuencias de la penalización extrema en países como El Salvador, donde se instrumentaliza a las mujeres y se les niega el derecho a ejercer su autonomía, aun en los casos en que el feto no tiene ninguna posibilidad de sobrevida por la patología que les afecta”, advierte la abogada Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), otra de las organizaciones que integran la Red. Quedó demostrada, señala Gherardi, “la profundidad del desprecio que algunos ordenamientos jurídicos reflejan respecto de las mujeres, donde su vida, su salud, su dignidad, prácticamente no tienen valor”.
La Campaña de Justicia para Beatriz desde Argentina, adquiere una dimensión clave para la región, en momentos que las derechas deslegitiman derechos adquiridos en las últimas décadas, valiéndose de poderes obstaculizadores y criminalizantes, que articulan con redes de aliados locales e internacionales, para configurar una agenda política propia contra mujeres y disidencias, y contra todo aquello que se corra del eje patriarcal y conservador. De hecho, “en contextos donde las normas jurídicas reconocen el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre sus vidas reproductivas, todavía existe una penalización social que construye barreras para el ejercicio de ese derecho”, apunta Gherardi, y es casi un acto reflejo pensar en la niña de Santa Fe abusada y embarazada por su progenitor, que solicitó una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) obstaculizada por la organización Grávida, según denuncia el propio gobierno de esa provincia.
“A través de la violación del deber de confidencialidad o las demoras en la atención que facilitan intervenciones ilegales por parte de terceros, se busca (o se permite) el avasallamiento de la autonomía de las niñas, adolescentes y mujeres que tienen derecho a decidir, en distintas circunstancias, sobre sus vidas y sus cuerpos”, precisa la abogada, al remarcar que “el rol del Estado debe ser el de generar las condiciones para garantizar el ejercicio de ese derecho. No solo se debe garantizar la práctica de la interrupción del embarazo, sino también proteger la dignidad y el derecho a la confidencialidad a lo largo del proceso. Sobre este punto todavía hay mucho trabajo por hacer. No se trata solo del derecho al aborto, sino del derecho a un aborto de calidad, como en toda práctica de salud”.
Se entiende que Argentina no ha estado exenta de estas situaciones, recuerda Mariana Romero. “Ana María Acevedo hizo un recorrido similar al de Beatriz en un contexto donde estaba amparada por la ley para pedir la interrupción del embarazo -como de hecho lo hizo- y le fue negado. Justamente, basada en estas experiencias y en todo lo que aporta el marco internacional de los derechos humanos es que la OMS recomienda en las Directrices publicadas en 2022 la descriminalización del aborto.”
En El Salvador, 181 mujeres que atravesaron emergencias obstétricas entre 1998 y 2019 fueron condenadas con sentencias de hasta 50 años de cárcel, por los delitos de aborto o de homicidio agravado, precisa la periodista mexicana Marcela Nochebuena, que investiga los procesos latinoamericanos por la despenalización del aborto. La abogada Melisa García, titular de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), y parte de Redaas, observa detrás de estas cifras las sombras recortadas de los antiderechos. “En la región y en nuestro país, sectores antiderechos buscan retroceder a través de sus discursos o de sus intentos, como sucedió con la niña de Santa Fe”, asegura. “Pero lo que sucede en El Salvador es esta cuestión de cómo se avanza por un lado y, por otro, y esto es lo grave, cómo se encrudece y son criminalizadas las mujeres respecto de todo tipo de evento obstétrico, cómo están totalmente expuestas incluso a las deficientes posibilidades de acceso a un buen tratamiento, y cuál es el rol de los médicos si se enteran de esos eventos obstétricos.”
Que el caso de Beatriz llegue a la Corte IDH es central, apunta García, “porque deja un antecedente interesante para Latinoamérica y Centroamérica respecto del posicionamiento sobre el aborto, sobre el derecho de nuestros cuerpos, sobre los eventos obstétricos, y para eliminar la criminalización contra las mujeres ante cualquier situación que pueda darse frente a maternar o no, donde se juega esta idea de la no elección del plan de vida, y un Estado que dice que el fin último tiene que ser maternar, si no el adoctrinamiento viene a través de la prisión”.
El miércoles, la activista Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, advirtió en una entrevista de la agencia EFE que el reconocimiento del gobierno sobre las sentencias (en referencia al caso de Manuela) “es positivo”, pero “falta voluntad política” para hacer las reparaciones simbólicas, importantes para las familias. Melisa García agrega que, al igual que el adoctrinamiento, todas estas referencias “ponen de manifiesto la responsabilidad propia del Estado respecto de la obstaculización de derechos fundamentales, no solamente en El Salvador, de impedimiento de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sino también exponen ese encrudecimiento: cómo termina afectando la salud, incluso para la posibilidad de llevar adelante un embarazo no deseado, precisamente por una obstaculización del Estado”.
Hablar de Beatriz y El Salvador significa también trazar un camino que profundice la lucha de los movimientos feministas, y poder lograr, expone la titular de Abofem, “que a través del reconocimiento de la Justicia internacional, se ponga un coto a esta situación y se puedan brindar parámetros mínimos indispensables para que no se sigan violando sistemáticamente derechos humanos”.
Ningún gobierno democrático de El Salvador fue capaz de darle una respuesta a Beatriz, deplora la médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), firmante en Redaas. “Es inaceptable que gobiernos elegidos por la ciudadanía y algunos que se consideran muy progresistas mantengan estas imposiciones e impidan no solo el aborto, sino que encarcelen a las mujeres y las mantengan presas por acusaciones de abortos que no son reales. En la Argentina logramos la ley de aborto legal, voluntario, seguro y gratuito, pero esto debe estar presente en todos los países de nuestra región, porque por las prohibiciones las mujeres siguen enfermándose gravemente y muriendo.” Bianco hace una ecuación urgente: son cinco años sin Justicia para Beatriz. “La Corte IDH debería hacer algo para que no haya más mujeres encarceladas por emergencias obstétricas, y para que el gobierno de El Salvador tenga que reparar la situación y se comprometa a permitir el aborto en las mujeres que tienen riesgo de vida y que lo están solicitando.”