Aborto seguro: políticas y estrategias
Lograda la ley, la arena del debate se traslada al ámbito territorial donde la rectoría de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales cumplen una función central.
Por Natalia Gherardi, para Clarín
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de acción global por el acceso al aborto legal, una fecha que enfatiza la importancia de garantizar el acceso a esta práctica de salud como parte fundamental de los derechos sexuales y reproductivos. La decisión de maternar, en qué condiciones y cuándo hacerlo, es parte fundamental del ejercicio de la autonomía.
Es la primera vez que este día se conmemora en Argentina con un marco normativo nuevo, que incorporó un cambio largamente reclamado por el movimiento de mujeres y feminismos. Un cambio de regulación que es en realidad un cambio de paradigma porque reconoce el derecho individual e íntimo de tomar decisiones sobre nuestras vidas reproductivas en las semanas tempranas del embarazo sin necesidad de explicitar estas razones (que siempre existen, que son morales y privadas) para acceder a un aborto.
Como todos los derechos, éstos se ponen en juego en su realización efectiva a través de la implementación de políticas públicas que deben ser accesibles a lo largo de todo el territorio nacional, honrando la promesa igualitaria de la Constitución. Lograda la ley, la arena del debate se traslada al ámbito territorial donde la rectoría de las autoridades sanitaria nacionales y provinciales cumplen una función central para garantizar el acceso a la información, a los insumos y servicios, brindando certezas y acompañamiento integral a las mujeres y los equipos de salud.
Tal como ha sucedido en otros países (las experiencias de Estados Unidos, México, Uruguay, Colombia ya adevertían ese recorrido casi inexorable) la justicia también es una arena de debate. Desde la sanción de la ley 27.610 se presentaron al menos 35 causas con cuestionamientos diversos.
En términos generales, el Poder Judicial de todo el país respondió positivamente a la decisión de proteger una de las leyes más debatidas de la democracia reciente. Más de la mitad de estas causas fue rechazada de manera inmediata por la justicia, en muchos casos con confirmación de la Cámara de Apelaciones. Las medidas cautelares que buscaban suspender los efectos de la ley fueron sucesivamente rechazadas.
La Corte Suprema de Justicia de México, en la última de tres decisiones recientes sobre el derecho al aborto, estableció que el derecho a la objeción de conciencia no puede ser absoluto sino que tiene como límite razonable el derecho a la salud de las personas gestantes. Siguiendo las tendencias globales de las normas sobre objeción de conciencia (tal como muestra el mapa elaborado por REDAAS) la posibilidad de objetar en conciencia no puede ser en detrimento del derecho de las mujeres de acceder al aborto.
Cómo articular una política sanitaria que incorpore el acompañamiento integral de las mujeres, la prevención y abordaje temprano de las violencias y el fortalecimiento de los servicios de salud, es parte de los desafíos que se enfrentan desde ámbitos públicos, sociales y comunitarios. Ahora, como antes, hemos aprendido que la construcción de puentes se vuelve una estrategia indispensable que requiere de mensajes claros y consistentes.
Como se hizo a lo largo de la construcción de la demanda social que llevó a la aprobación de legalización del aborto, las redes federales contribuyen a esta transformación social, apostando a la construcción de confianza, respeto y acuerdos que promuevan el diálogo entre tomadores de decisión, instituciones, activistas y organizaciones sociales.
Más allá de las divergencias, de las distintas estrategias que se pueden encontrar aún dentro de los feminismos para avanzar en la agenda por la igualdad, esta es una agenda actual que sigue en disputa en distintos terrenos pero que indefectiblemente avanza en la región.