Aborto legal: se multiplican las consultas y en los hospitales no dan abasto

Las mujeres se acercan a las guardias o llaman al 0800 del Ministerio de Salud, que está colapsado.

Por Mariana Iglesias, para Clarín

Hay quienes se presentan aún con vergüenza, la cara gacha, las manos apretadas. Pero también ya hay frentes bien altas que con voz firme reclaman su derecho. Las y los profesionales que forman los equipos de salud que se encargan de los abortos legales están viviendo situaciones que vinieron de la mano de la nueva ley. Y un hecho trascendente que -aseguran- lo cambia todo: no hay que indagar más a las mujeres como si fuera un interrogatorio judicial.
La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), votada en la madrugada del 30 de diciembre de 2020, tras doce horas de debate en un Senado que parecía esquivo pero que le terminó dando 38 votos a favor, permite el aborto hasta la semana 14 inclusive. Luego de ese período la interrupción se permite, pero por causales: violación, riesgo de vida, problemas de salud.

«La ley de interrupción voluntaria del embarazo viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud pública, el aborto clandestino. Allí han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia. Hoy venimos a reparar esto», decía el 14 de enero Vilma Ibarra, emocionada hasta las lágrimas en el acto de promulgación de la ley. Ese día, la secretaria Legal y Técnica también decía; «El Estado contestaba con cárcel, ahora cambiamos este paradigma y el Estado va a recibir a las mujeres y las va a tratar con dignidad y con respeto»,

La ley 27.610 entró en vigencia el 24 de enero. El 0800 222 3444 de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva duplicó los llamados. Allí no sólo se pueden hacer consultas sino también denunciar si un centro de salud niega la atención. También hay un mail del ministerio: saludsexual@msal.gov.ar.
«Hay un aluvión de consultas, la demanda es muy importante. El 0800 está desbordado», explica a Clarín Viviana Mazur, responsable del acceso a la ILE e IVE en la Ciudad de Buenos Aires.

«Entre quienes consultan también hay personas que no eran usuarias del sistema público, sino de prepagas y obras sociales, y que hasta antes de la ley resolvían estas cuestiones de forma particular», cuenta esta médica que además forma parte de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (Redaas).

Se trata de una red de profesionales de la salud y el derecho vinculados con servicios de salud pública y comunitaria de la Argentina. Formada en 2011 -por iniciativa del Área de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), a la que luego se sumó el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)-, desde entonces acompañan y atienden a las mujeres en situaciones de aborto legal para garantizar que se cumpla este derecho.

«Llaman ni bien tienen un retraso y se hacen el test», dice la médica. A veces se trata de cuatro semanas, entonces aconsejan esperar una semana más, y confirmar el embarazo con una ecografía.

Pero el cambio más importante -detalla- está en la actitud: «Pedir una interrupción antes era vergonzante, se pedía en tono de disculpas, con vergüenza, ahora hay mujeres que hablan de otra manera, saben que es su derecho».

«El alivio que sentimos de no tener que estar interrogando a nadie es enorme», asegura Mazur, que habla de «super heterogéneos» al definir el perfil de quienes piden la interrupción: mujeres de distintas edades y situaciones socioeconómicas.

Cuenta que todavía hay quienes no se animan a pronunciar la palabra «aborto» y hablan de «esa ley nueva». También que hay otras mujeres que preguntan muchas veces si de verdad lo pueden hacer porque no pueden creer que sea gratuito en el hospital.

Lo cierto es que en el hospital se realiza menos del 15% de las intervenciones, la gran mayoría se hace con pastillas que recetan los profesionales para usar en los propios hogares, es decir, en forma ambulatoria.

Todavía no hay cifras de IVE en Caba, pero es una de las pocas jurisdicciones en el país en la que se cumplía el protocolo de la ILE: en 2020 hubo diez mil interrupciones legales.

País desigual

«La demanda explotó este último mes», dice a Clarín Marianela Sierralta, 39 años, médica ginecóloga. Ella trabaja desde 2006 en un hospital provincial de Salta, donde sólo dos profesionales de los servicios de obstetricia y ginecología son «no objetores». En total son 55 profesionales: 25 en ginecología y 30 en obstetricia. Se trata del hospital público materno infantil más importante de la provincia.

«Salta es un lugar muy hostil, arcaico, donde todo cuesta el doble», dice Marianela, quien hasta hace poco era la única que realizaba interrupciones de embarazos. Ahora -y gracias a su insistencia- ingresó al hospital una joven que acaba de terminar su residencia y no es objetora. Marianela la está formando.

«No damos abasto. Hasta mi celular personal no para de sonar, porque la gente se fue pasando mi teléfono, pero no puedo ser la única persona que cumpla con la ley, porque ya tenemos la ley pero así no la estamos haciendo valer», afirma la doctora, que está sobrepasada, porque además de su celular, suena el teléfono de línea del hospital y la guardia también se llena de mujeres.

A su servicio derivan todos los pedidos de acceso a IVE de la provincia, porque salvo ella y la residente, son contados con la mano los profesionales no objetores, como el clínico de Cafayate, pero sólo atiende interrupciones de primer trimestre. Cuenta Marianela que las obras sociales niegan cualquier pedido, que sólo está funcionando el sistema público: «Nada va bien, en Salta siempre vemos todo lo que está mal».

Marianela -también forma parte de Redaas- atiende el consultorio de interrupciones todos los lunes. Hasta antes de la ley veía unas cinco pacientes por día y ahora son más de diez, doce por jornada. «La demanda es mucho mayor, por suerte con la información las mujeres se acercan antes, ni bien se enteran del embarazo, y se puede resolver en forma ambulatoria y con pastillas. Pero en Salta aún hay muchas situaciones de abusos, mucha vergüenza, mucha vulnerabilidad, mucho embarazo en niñas y adolescentes, que son factores que retrasan las consultas».

Luciana Hita es ginecóloga de un hospital de la capital de Neuquén. Allí no cambió tanto el panorama porque en la provincia ya se venían realizando las interrupciones legales: «Lo que sí está pasando es que el procedimiento se agiliza porque si es antes de la semana 14 no hay que estar indagando en las causales. Y sí, hubo más demanda, veremos si es algo del primer mes o si se sostiene en el tiempo», dice a Clarín.

En el hospital que trabaja, sólo un tercio de los profesionales de los servicios de ginecología y obstetricia garantizan las intervenciones, el resto son objetores. Pero resalta un vínculo importante con el sector de enfermería, que muchas veces también funciona como obstructor.

Y confirma lo que ocurre en otros lugares: la mayoría de las intervenciones son con pastillas y ambulatorias y que los casos complicados tienen que ver con abusos, niñas, adolescentes y situaciones de mayor vulnerabilidad social y económica.

Alejandra Zorzoli es trabajadora social, está en un hospital provincial de Rosario desde 2005. Allí también la ILE se implementaba en tiempo y forma, pero el gran cambio está en la primera charla. «Ya no tenemos que preguntarle casi nada a las mujeres, esa es una satisfacción enorme, porque había que estar prácticamente indagándolas para tener que justificar y explicar las causales», dice a Clarín.

También habla del colapso del 0800, del aumento de las consultas, y de algo que parece un avance: «Vinieron adolescentes acompañadas por sus familias. Se ve que está circulando más información, la gente sabe más, empieza a conocer sus derechos y es porque el tema a partir de la ley se está visibilizando mucho más».

Repite la tendencia de las intervenciones medicamentosas y ambulatorias y de la clara vulnerabilidad de quienes recién se presentan en el segundo trimestre: «Son las personas que tienen menos acceso a todo», sostiene Alejandra, que hace hincapié en la falta de anticonceptivos. Pero finaliza con lo que para ella es la gran revolución: «Pasar del pedido de explicaciones a hablar de derechos en una sala de consejería».

«El escenario está en proceso de reconfiguración y eso es previsible y necesario. Cada actor está atento a las nuevas responsabilidades. Los equipos de salud que garantizan el acceso sienten el impacto del apoyo y la legitimación que la ley les da. Eso los reconforta y fortalece su compromiso ético y profesional», asegura a Clarín Silvina Ramos, especialista del Cedes y de Redaas.

Ramos explica que el Ministerio de Salud está actualizando el protocolo según los nuevos estándares que fija la ley y los últimos avances científicos: «ANMAT ha autorizado el misoprostol para uso ambulatorio y en internación para varias indicaciones, incluyendo la interrupción del embarazo permitido legalmente. El laboratorio público de Santa Fe produce esa droga con estándares de calidad asegurados y será un proveedor clave en la política de aseguramiento de insumos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y de las provincias».

De todas formas, admite Ramos, cumplir la ley «será un proceso no exento de dificultades, como sucedió en otros países en los primeros tiempos. Pero la legitimidad de la ley, el consenso y la voluntad política que le dieron lugar a su aprobación y el sólido compromiso de quienes vienen sosteniendo el acceso al aborto seguro en la Argentina ayudarán a sortearlos».

La especialista plantea dos grandes desafíos para estos meses: «Por un lado, la comprensión apropiada y la implementación de la regulación de la objeción de conciencia sobre la cual la ley tan claramente se expresa. Y también, las presentaciones en la justicia solicitando cautelares para dejar sin aplicación la ley».

Misoprostol

Para fortalecer la implementación la política pública de acceso a la ILE, durante 2020 la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación compró 35.000 tratamientos de misoprostol, la droga que se usa para interrumpir los embarazos.

Para el año 2021 se incorporó al plan anual de compras más del doble de lo previsto en 2020: 80.000 tratamientos. A a su vez, las jurisdicciones provinciales también compran misoprostol desde los ministerios provinciales o mediante compras directas de hospitales.

La medicación se distribuye mediante el programa Remediar a los programas y direcciones provinciales de Salud Sexual y Reproductiva y a centros de salud que requieren su envío en forma directa.