Aborto legal: a 4 años del primer pañuelazo masivo, y aún con la ley, hay obstáculos

Cuatro años atrás, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito anunciaba que volvería a presentar su Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados. Ya lo habían hecho sin éxito seis veces. Así, el 19 de febrero de 2018 una multitud llenó los alrededores del Congreso para exigir que el tema fuera tratado en el recinto: «Las ricas abortan, las pobres mueren», decían los carteles.

Pocos días después, y por la fuerte presión social, el Poder Ejecutivo daba luz verde para que el proyecto fuera tratado. El 19 de febrero quedó como el Día de Acción Verde por el Aborto Legal. La historia que sigue ya es bien conocida: la Cámara Baja lo aprobó, el Senado no. Los pañuelazos se impusieron, el pedido por conquistar este derecho fue cada vez más fuerte. En 2020 el Congreso volvió a tratar el tema y entonces sí, con el cambio de gobierno y el apoyo del Ejecutivo, que presentó un proyecto propio, el aborto se convirtió en ley, la 26.610.

En el primer año de aborto legal no hubo muertes de mujeres reportadas por malas prácticas ni abortos clandestinos. Especialistas consultadas por Clarín aseguran que las intervenciones se hacen, que aumentaron pero no como muchos aseguraban que sucedería, y que las principales trabas hoy están relacionadas a la falta de información y la moral, como la objeción de conciencia. La ley permite alegar este argumento, pero obliga a garantizar el derecho.

Los objetores

Un equipo de Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (REDAAS) viene llevando adelante un seguimiento sistematizado de lo que sucedió en torno a la Objeción de Conciencia (O.C.) a nivel federal y en cada una de las jurisdicciones del país desde la sanción de la Ley 27.610.

Desde el 30 de diciembre de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2021 identificaron más de 320 situaciones de objeción de conciencia. Según Agustina Ramón Michel, investigadora del CEDES y de la Universidad de Palermo y coordinadora de esta iniciativa, “el monitoreo busca poner a conocimiento cómo funciona y se usa la objeción de conciencia en la realidad cotidiana de los servicios de salud, y a partir de esos hallazgos exigir y proponer formas renovadas para que estas objeciones no se conviertan en el portón infranqueable con el que se topan las mujeres que necesitan un aborto”.

Desde el proyecto detectaron más de 70 casos de equipos y servicios de salud que invocan O.C. en altas proporciones, y más de 50 casos de hospitales, clínicas y centros de salud que directamente niegan la atención de IVE/ILE en sus instituciones por razones de conciencia, contrariando la ley 27.610 que impide la negativa institucional.

Sin embargo, como puntualiza Dana Repka, abogada e integrante del equipo a cargo del monitoreo, “estos casos no están distribuidos uniformemente en el país, sino que se concentran en algunas provincias». Por ejemplo, la situación de Córdoba es preocupante. Allí detectaron al menos 29 eventos de negación institucional y 21 servicios en los cuales más de la mitad de los profesionales que los integran alegan objeción de conciencia.

También en Catamarca, Jujuy y el Gran Buenos Aires se detectaron casos preocupantes. En Catamarca, el 90% de los profesionales de la Maternidad Provincial ha expresado su O.C.; en Jujuy, 29 de los 30 obstetras del hospital Materno Infantil Héctor Quinta lo han hecho; y, en el Gran Buenos Aires, uno de cada dos obstetras y ginecólogos del Eurnekian, un hospital público de Ezeiza, se niegan a hacer abortos por razones de conciencia.

Del total de los eventos de O.C. relevados, más del 65% prevé algún dispositivo de garantía de la IVE/ILE, ante todo la derivación de la paciente a un profesional disponible. Significa que en casi 2 tercios de los casos de invocaciones de OC se han realizado acciones positivas tendientes a evitar que la OC se convierta en un obstáculo para la atención en IVE/ILE.

“Estamos frente a una nueva etapa. Antes de la Ley 27.610 la objeción de conciencia se blandía como arma contra las mujeres que pedían un aborto, era usada de maneras arbitrarias por muchísimos profesionales de la salud que ahora saben que tienen la obligación de informar y derivar a la paciente- asegura Agustina Ramón Michel-. De todos modos queda un largo camino para institucionalizar estos deberes profesionales».

De las 26 causas judiciales contra la ley 27.610 -desde el comienzo grupos antiderechos presentaron amparos judiciales para frenar la ley- ninguna se centra especialmente en la cuestión de la objeción de conciencia, lo que según Dana Repka “podría explicarse por la buena técnica legislativa de la ley IVE al regularla”.

Demanda y respuesta desparejas

Según la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, entre enero y junio de 2021 se realizaron 25.894 procedimientos en el sector público. Hasta hoy serían casi 39.000 las intervenciones en todo el país. La mayoría en Caba y provincia de Buenos Aires. El acceso en hospitales y centros de salud mejoró, pero todavía hay fuertes desigualdades entre provincias: Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco y San Juan tienen las tasas más bajas del país.

«Hay objeciones en la atención del segundo trimestre avanzado. Pero no estamos teniendo dificultades en la atención del primer trimestre, no hay obstáculos, solo los habituales del sistema de salud en general, aunque justamente en este tema las barreras son mucho menores que para otro tipo de atenciones, como puede ser la hipertensión. Para atender hay turnos, hay teléfonos, mails para mandar y plazos concretos para dar respuesta», explica a Clarin Viviana Mazur, responsable del acceso a la ILE e IVE en Caba.

Mazur asegura que en la ciudad no hubo un aumento muy marcado en la demanda porque «ya se habia instalado una política muy fuerte de acceso por causales, y entre ellas la salud integral, que fue muy bien tomado por los equipos». La especialista también dice que las obras sociales y prepagas empezaron a tomar estos pedidos, que antes sólo se atendían en el sistema público.

Desde la sanción de la ley hubo casi 9000 interrupciones en Caba. «El aumento es mínimo en relación a la progresión anual que tuvimos en los últimos cinco años», detalla Mazur. Y un dato clave: el 93% de las intervenciones se realizaron en el primer trimestre, en edades gestacionales muy tempranas. «Incluso a veces es necesario pedirles que esperen un poco y confirmar la gestación con una ecografía porque consultan tan rápido que ni aparece»,

Las adolescentes que demandan la interrupción representan un porcentaje muy bajo en el total: eran el 16% y ahora el 10%. «Fue un dato que nos preocupó porque pensamos que estaban accediendo menos las jóvenes, pero también coincide con la baja en la tasa de fecundidad en esas edades, lo que hace pensar que hay mejor cobertura en anticoncepción», detalla Mazur. Y pide avanzar en la difusión y que haya más campañas de información.

Distritos fuera de la ley

Desde la sanción de la Ley hasta diciembre se registraron en la provincia de Buenos Aires 16.700 intervenciones: 95% interrupciones voluntarias (IVE) y 5% interrupciones legales (ILE). En 2020 habían sido 15.320.

«Tengo una enorme satisfacción por lo que está ocurriendo con este tema en la provincia, y en el contexto de pandemia. El acceso en todos los distritos de la provincia aumentó. Desde el comienzo de la gestión se trabajó para que los 135 municipios garanticen el acceso al aborto», dice a Clarín Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires desde el 11 de diciembre de 2019.

Se incorporaron 298 nuevos centros de salud y hospitales (municipales, provinciales y nacionales) a la RED DE ACCESO A ABORTO de la provincia de Buenos Aires, de los cuales 90 se incorporaron desde la promulgación de la ley, alcanzando un total de 494 establecimientos públicos (en diciembre de 2019 eran 196).

En diciembre de 2019 eran 154 efectores municipales (entre hospitales municipales y CAPS/C.I.C) los que garantizaban el acceso. En los últimos dos años se incorporaron 277, 77 desde la promulgación de la ley. Actualmente hay un total de 431 efectores municipales, un aumento de 180%.

En diciembre de 2019 eran 51 municipios los que contaban con al menos un establecimiento municipal de salud que garantizaba el acceso a ILE, es decir sólo el 38% de los municipios. En diciembre de 2021 ya eran 125 municipios con efectores municipales que garantizan el acceso, el 93% del territorio de la provincia.

De los 10 municipios que aún quedan sin efectores municipales que garantizan el acceso, 5 cuentan con un efector provincial que sí lo garantiza: Junín, Carmen de Areco, Monte Hermoso, Zárate y Lobos Queda 5 municipios que no tienen ningún efector: Capitán Sarmiento, General Rosales, Lezama, San Miguel, y Torquinst,

«Hay un acompañamiento político pero también social y cultural al saber que es legal. Las mujeres consultan ni bien se enteran, es muy rápido, incluso a veces deben esperar. La ley también trajo tranquilidad a los profesionales de la salud, se desdramatizó el tema -asegura Díaz-. No puede haber municipios objetores, saben que deben garantizar la ley, Ellos son los responsables».