Derechos de las personas con discapacidad en las Américas: cómo es la situación, según el informe de la CIDH

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado su primer Informe Personas con discapacidad y derechos humanos en las Américas. Después de años de trabajo recopilando información, analizando las condiciones de las personas con discapacidad en nuestra región, por fin se ha publicado esta valiosa herramienta para la incidencia con recomendaciones concretas para los Estados. 

1. ¿Por qué es importante este informe de la CIDH?

Este informe es clave porque visibiliza las barreras estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en las Américas para ejercer plenamente sus derechos, especialmente en salud sexual y reproductiva, y llama a los Estados a transformar sus marcos legales, políticas públicas y prácticas institucionales desde un enfoque de derechos, inclusión y autonomía, lo que resulta fundamental para que los equipos de salud puedan brindar una atención respetuosa, accesible y no discriminatoria.

2. El informe de la CIDH en síntesis: la urgencia de transitar hacia una perspectiva social de la discapacidad 

La CIDH presenta un diagnóstico regional sobre la exclusión estructural que enfrentan las personas con discapacidad (PcD). Subraya la urgencia de transitar hacia una perspectiva social de la discapacidad con enfoque de derechos humanos, donde el acceso inclusivo a salud, justicia, educación y participación se garantice en condiciones de igualdad.

•  Recorrido histórico: modelos para abordar la discapacidad

A través de la historia se han podido identificar al menos tres modelos de abordaje de la discapacidad en el tiempo, que, si bien todavía conviven en diferentes ámbitos, han sido predominantes en diferentes momentos de la historia. Estos son:

• Prescindencia: considera a las personas con discapacidad como innecesarias para la sociedad, y por ello promueve su exclusión, aislamiento o reclusión.
• Médico-rehabilitador: concibe la discapacidad como un problema individual que debe “curarse”. Se basa en parámetros clínicos que definen la normalidad como estado deseable y todo lo que se aparta de ella como algo indeseable. En consecuencia, propone intervenciones centradas en la rehabilitación, que muchas veces implican reclusiones prolongadas o prácticas clínicas innecesarias, sin considerar la voluntad ni la autonomía de la persona.
• Social y de derechos humanos: plantea que la discapacidad no radica en la persona, sino en las barreras del entorno físico, social y cultural que impiden su participación plena. Este modelo promueve la adaptación de los entornos, el reconocimiento de la diversidad y el aporte de todas las personas al desarrollo colectivo de las comunidades.

Este último modelo es el que debe orientar las políticas públicas y las prácticas profesionales, ya que fue consagrado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y ha sido incorporado con jerarquía constitucional en varios países de la región, incluyendo La Argentina (2014).  

• Marco normativo internacional

En el sistema internacional de derechos humanos, existen tratados internacionales —como la CDPD y la CIADDIS— que promueven el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetas de derechos y garantizan que todos sus derechos humanos sean implementados, garantizados y respetados en igualdad de condiciones con las demás personas. Estos instrumentos hacen énfasis en la autonomía, la vida independiente, la accesibilidad y la capacidad jurídica, que son derechos fundamentales para que las personas con discapacidad cuenten con las condiciones básicas necesarias para ejercer el resto de sus derechos sin discriminación, exclusión ni barreras.

En la región, la mayoría de los países han adoptado estos marcos normativos internacionales; sin embargo, no todos han armonizado su normativa interna para asegurar su aplicación efectiva. Algunas regulaciones aún permiten la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad, otras establecen requisitos injustificados para el acceso a la salud, y muchas presentan vacíos importantes respecto del reconocimiento de los sistemas de apoyo, los ajustes razonables y las salvaguardias. 

• Situación regional: desigualdades estructurales 

A pesar de los avances normativos alcanzados en varios países de la región, las personas con discapacidad continúan enfrentando barreras significativas para ejercer plenamente sus derechos. Las transformaciones legales y discursivas no siempre se traducen en mejoras reales en la vida cotidiana. En particular, persisten serias desigualdades en: 

• El acceso efectivo a servicios esenciales como la salud, la educación, la protección social y la justicia. Estas barreras no solo son sólo físicas o económicas,  muchas veces se expresan también en prácticas institucionales que infantilizan, medicalizan o niegan la autonomía de las personas con discapacidad.
• La participación política y social sigue siendo limitada, ya sea por obstáculos normativos que restringen su capacidad jurídica, por falta de accesibilidad en los espacios de participación, o por estereotipos que cuestionan su legitimidad como sujetos políticos. Esto impacta directamente en su posibilidad de incidir en las políticas públicas que les afectan, perpetuando una lógica de exclusión y decisiones tomadas “por otros”.
• El acceso a la información. La ausencia de datos confiables y desagregados que permitan diseñar e implementar políticas públicas inclusivas, basadas en evidencia. Sin información adecuada sobre las condiciones de vida, las necesidades específicas y los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad, los Estados no pueden garantizar una respuesta efectiva, ni monitorear avances reales en el cumplimiento de sus derechos.
• Ausencia de un enfoque interseccional que visibilice las múltiples formas de discriminación que se entrecruzan. Las mujeres con discapacidad, las personas LGBTI+, las personas indígenas, afrodescendientes o migrantes con discapacidad enfrentan barreras aún más profundas, resultado de la combinación de distintas formas de exclusión. Ignorar estas intersecciones no sólo reproduce inequidades, sino que limita la capacidad de los sistemas de salud y protección social para dar respuestas integrales, equitativas y culturalmente adecuadas.

• Derechos clave para las Personas con Discapacidad

Existen ciertos derechos que, aunque forman parte del conjunto de derechos humanos de todas las personas, adquieren una relevancia particular en el caso de las personas con discapacidad. Se trata de derechos que operan como condiciones mínimas para garantizar su autonomía, su participación plena y su inclusión en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida social. Por ello, la CIDH subraya que estos derechos no deben entenderse como concesiones, sino como obligaciones legales de los Estados, y que su incumplimiento perpetúa la exclusión estructural. 

• Accesibilidad

La accesibilidad debe ser integral: física, comunicacional, digital y actitudinal. No se trata solo de rampas o ascensores, sino también de brindar información en formatos comprensibles, asegurar entornos digitales usables y promover actitudes respetuosas en los equipos de salud. Sin accesibilidad, los demás derechos quedan fuera de alcance.

•  Derecho a la salud

Este derecho exige una atención basada en la autonomía, el consentimiento informado y la equidad. El informe alerta sobre prácticas como internaciones forzadas, tratamientos sin consentimiento o barreras al acceso a salud sexual y reproductiva. Es fundamental ofrecer apoyos para la toma de decisiones, asegurar comunicación accesible y evitar intervenciones médicas impuestas.

• Integridad física y psíquica

Las personas con discapacidad deben estar protegidas contra prácticas invasivas, violencia institucional y tratamientos degradantes. El informe documenta casos de esterilizaciones forzadas, sobre medicación y uso indebido de restricciones. Los servicios de salud deben garantizar intervenciones seguras, voluntarias y respetuosas de la dignidad.

• Educación y trabajo

El acceso a la educación inclusiva y al trabajo digno son claves para la participación social. Muchas personas aún enfrentan segregación educativa o condiciones laborales precarias. Es necesario garantizar apoyos adecuados en el ámbito educativo, eliminar barreras normativas y promover políticas activas de inclusión laboral.

La capacidad jurídica: piedra angular para el ejercicio de derechos 

En muchos Estados de la región persisten normativas y prácticas que aún anulan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, por ejemplo, mediante la vigencia de tutelas generales o curatelas incapacitantes, que tienen como consecuencia que otra persona termine tomando decisiones en nombre de la persona con discapacidad, en muchos casos sin siquiera la obligación de consultarla.

Además, los procesos de restricción de la capacidad jurídica suelen carecer de instancias de revisión periódica, salvaguardias efectivas y otras medidas de protección a favor de la persona, lo que provoca que estas situaciones se perpetúen en el tiempo sin una justificación ni evaluación adecuadas. Estas prácticas vulneran gravemente los derechos de las personas con discapacidad, al restringir de forma desproporcionada su autonomía, su libertad personal y su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. Por ello, es urgente que los Estado puedan adoptar medidas normativas y operativas que eliminen los mecanismos de sustitución de la voluntad y que promuevan sistemas de apoyos adecuados, proporcionales y respetuosos de la voluntad y las preferencias de cada persona, en línea con los estándares establecidos por la CDPD.

Recomendaciones finales

La CIDH propone una hoja de ruta para los Estados:

• Revisar leyes y prácticas que perpetúan la exclusión.
• Invertir en accesibilidad y formación profesional.
• Garantizar apoyos adecuados para la vida en comunidad.
• Incluir a las propias personas con discapacidad en la construcción de políticas públicas.

3. Para leer el informe completo Personas con Discapacidad: situación de sus derechos en las Américas

Descargalo aquí.

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REDAAS está comprometida con la inclusión y con la construcción de sistemas de salud que promuevan el respeto, la autonomía y los derechos de todas las personas. Invitamos a los equipos de salud a incorporar estos enfoques en sus prácticas cotidianas, contribuyendo a una atención más justa, accesible y transformadora.