Aborto: una agenda de salud pública
En estos días estamos celebrando 4 años de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto. Tanto el debate parlamentario de 2018 como el de 2020 siguen en nuestra memoria, los tenemos a flor de piel, nos involucraron como sociedad.
La historia de la legalización del aborto no es reciente. Desde el retorno de la democracia, las mujeres luchamos por nuestros derechos. Primero, fueron los derechos civiles y políticos. Luego de obtener la Ley de Patria Potestad Compartida (1985) y la Ley de Matrimonio Civil (1987), entre otras, años más tarde conquistamos la no violencia (1994), la Ley de salud sexual y reproductiva (2003) y la educación sexual (2006).
Legalización del aborto en Argentina: un camino que no vamos a desandar
La legalización del aborto en Argentina no se logró de un momento a otro.
🗓️ El primer proyecto de ley que introdujo el debate en la Argentina lo presentó la diputada Florentina Gómez Miranda en 1990. Esta iniciativa proponía modificar el artículo 86 del Código Penal para que cualquier mujer víctima de violación pudiera abortar.
🗓️ En 1994, durante la reforma de la Constitución Nacional, mujeres de todos los bloques políticos impidieron que el nuevo texto incluyera una cláusula antiabortista, habilitando el debate futuro sobre la legalización de la interrupción del embarazo.
🗓️ En 2005 se creó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una alianza federal de organizaciones y activistas cuyo lema es “educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. En 2007 presentó su primer proyecto de ley.
🗓️ En 2012, el fallo FAL aclaró los alcances del aborto en caso de violación. En esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que, cuando se trata de una violación, cualquier aborto, sin importar el salud mental de la mujer, no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo.
🗓️ En 2018 tuvimos un intenso debate parlamentario que involucró a actores y organizaciones de la sociedad civil para aprobar una ley que habilite el acceso al aborto seguro y gratuito para todas las personas que lo requieran, en todo el país. El proyecto fue rechazado en el Senado, pero logramos que toda la sociedad argentina debata sobre la importancia de acceder a servicios de aborto seguros.
🗓️ En 2020, hace cuatro años, finalmente logramos que la interrupción del embarazo sea ley.
Esta historia que llevamos adelante las mujeres desde el retorno de la democracia es nuestra historia, una historia de conquista de derechos. Porque tenemos el derecho de acceder a servicios de salud de forma digna y el derecho a decidir sobre nuestra vida en libertad. Hemos trazado un camino que no vamos a desandar.
Aborto legal: salud pública y libertad
Según el reporte del Proyecto Mirar Logros de la política de acceso al aborto y amenzas actuales (agosto 2024), desde que la interrupción del embarazo es ley, se lograron cambios significativos en indicadores como mortalidad materna, fecundidad adolescente y ampliación de los efectores de salud que dan acceso a IVE-ILE.
📉 Las tasas de fecundidad específicas de niñas y adolescentes mantuvieron la tendencia al descenso.
La reducción de 50% de la tasa de fecundidad adolescente observada entre 2018 y 2022 marca un quiebre en la tendencia amesetada sin descensos significativos previos. Más aun, se logró una reducción de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 57%, donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano. Un descenso de esta magnitud es inédito en América Latina.
📉 El número de muertes maternas por aborto disminuyó, especialmente las relacionadas al aborto médico, otros abortos y abortos no especificados
Los datos muestran que las muertes maternas de causa indirecta (aquellas resultantes de enfermedades existentes desde antes del embarazo o que evolucionaron durante el mismo, y que no se explican por causas obstétricas directas, pero sí fueron agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo) han tenido un comportamiento decreciente en la última década vía el acceso a los abortos permitidos por la ley.
📉Los servicios de salud pública que realizan abortos se duplicaron en tres años, incrementando las posibilidades de acceso y reduciendo desigualdades
Si se toma como punto de partida el número de instituciones que daban acceso a los abortos previstos en el marco normativo previo a la legalización (año 2020), para finales de 2023 el número de efectores había crecido 2,2 veces.
La tasa promedio para el país es de 17 efectores públicos que proveen IVE ILE por cada 100.000 mujeres en edad fértil con un rango que varía entre provincias desde 2 a 4 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, a 53 a 57 cada 100.000 mujeres en La Pampa y Mendoza.
¿Cómo se traduce esto?
🔹Más personas acceden a los servicios de salud de forma oportuna y segura.
🔹Menos muertes y complicaciones por abortos inseguros.
🔹Libertad para decidir sobre la propia vida.
Sin insumos no hay acceso al aborto seguro
Según una información publicada por el sitio de noticias Chequeado, el gobierno nacional, desde que asumió, redujo drásticamente las compras de insumos para la atención de la salud sexual y (no) reproductiva.
📉 En 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para IVE-ILE (mifepristona y misoprostol) y en 2024 ninguno. La caída fue del 100%.
Pero no sólo eso, tampoco distribuyó insumos contemplados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, establecido por la Ley 25.673.
📉 La distribución de preservativos se redujo de 4,4 millones a 2,4 millones de unidades; esto es: se registró una caída del 45,5% entre el tercer trimestre de 2023 y mismo periodo de 2024.
📉 La entrega de anticonceptivos inyectables y orales también se redujo en este lapso de tiempo: pasó de 4,9 millones a 2,3 millones de tratamientos entregados entre 2023 y 2024, lo que significa una baja del 53,9%.
📉 De los métodos anticonceptivos de larga duración para las adolescentes -como el implantesubdérmico, que se distribuían en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA)– también hubo una disminución: pasaron de 50 mil a 21 mil. Esto significa un 57% menos.
El gobierno nacional dejó de proveer insumos de manera intempestiva, sin planificación y en el marco de otros recortes presupuestarios que también tuvieron que absorber las provincias.
Las provincias como protagonistas y el riesgo de la inequidad
Ante el corrimiento del Estado Nacional en la compra de insumos para el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva, son las provincias quienes se hacen cargo de la demanda. ¿Qué implica esto? Inequidades en el acceso a los servicios de salud. Porque no todas las provincias cuentan con la misma disponibilidad de recursos para destinar a insumos ni sus poblaciones parten de una misma base a la hora de recurrir a un efector de salud.
“La nación tiene una situación privilegiada para negociar porque obviamente compra en mayores cantidades. Además, el Estado Nacional tiene una responsabilidad de garantía de las políticas públicas que le precede y lo que habría que hacer, en todo caso, sería homogeneizar las posibilidades de acceso del conjunto de la población, independientemente de donde vivan”, explicó Mariana Romero, co-directora de REDAAS.
La marea verde es imparable
Este camino que recorrimos en 41 años de democracia, nuestros logros y la conquista de derechos es imparable.
Porque el aborto es salud y libertad.
Porque el acceso a la salud es un derecho innegociable.
Y porque la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida nos pertenece.