La primera vez que se implementó el registro de OC, en 2011, solicitaron inscripción 315 profesionales e integrantes de los equipos del sistema público de salud, provenientes de los distintos nodos sanitarios de la provincia.
A partir de estas solicitudes, el gobierno provincial implementó una serie de acciones para abordar la OC y garantizar el acceso a las prácticas de salud reproductiva. Esta política incluyó:
Las autoridades relevaron y evaluaron las objeciones presentadas, validándolas de acuerdo con su cumplimiento de las condiciones establecidas para la OC en términos de motivación y fundamento legal y técnico.
En esta valoración, se determinó que 50,8% de las objeciones presentadas fueron inválidas y 49,2% válidas.
Para el análisis de los formularios, se diseñó una matriz donde se sistematizaron los datos. Como resultado de este análisis, se agruparon los datos en dos grandes categorías:
VÁLIDAS = 153 INVÁLIDAS = 158
Para declarar la invalidez, se utilizaron las siguientes categorías:
El diagnóstico sobre las objeciones inválidas fue la base para el diseño de una estrategia de intervención focalizada para abordar los problemas encontrados en relación con la provisión de servicios de salud reproductiva.
Esta estrategia se basó en reuniones individuales y colectivas para trabajar sobre OC y acceso a los servicios de salud reproductiva. Se llevaron adelante capacitaciones específicas y colegiados (reuniones periódicas en efectores de salud para trabajar aspectos prácticos de la provisión de servicios). Además, se prepararon materiales sobre los aspectos legales, técnicos y éticos de la provisión de servicios.
Estas intervenciones se llevaron adelante durante la segunda mitad de 2011 y 2012. Luego de ellas se volvieron a recibir los formularios de OC, desde ese momento se redujo la cantidad de formularios presentados:
En la provincia, se consolidó la estrategia de “colegiados”, reuniones mensuales con la participación habilitada para todo el personal sanitario de efectores de la misma zona.
Estas intervenciones, diseñadas de acuerdo a las necesidades específicas identificadas en los distintos nodos, efectores, y servicios, permitieron abordar problemas relacionados y no relacionados con la OC.
El impacto de las intervenciones fue variado. De acuerdo con las entrevistas en algunos servicios, sirvió para aclarar el panorama, pero en otros, las resistencias persistieron.
En 2014, se emitió la Resolución 267 de 11 de marzo. Esta:
En 2014:
El registro se mantiene vigente pero el listado no es público en la web del Ministerio de salud.
Desde 2018, se anunció en los medios de comunicación provinciales el inicio de un proceso de restructuración del registro, pero este no ha sido consolidado en ninguna normativa y tampoco se han presentado los avances de este proceso.
De acuerdo con una gestora actual de la provincia:
