La médica denunciante nuevamente pidió medidas para evitar persecusiones a quienes realizan IVE
El diputado con mandato cumplido Andrés Suriani se presentó finalmente ayer acompañado por su abogado, Matías Adet, a la audiencia citada por la jueza Alejandra Diez Barrantes, en una demanda por violencia de género contra una médica garantista. El también comunicador fue acompañado por cuatro personas que en las afueras de la Ciudad Judicial se manifestaron con carteles en contra del aborto.
Diez Barrantes está a cargo de una demanda que presentó la profesional de la salud, de quien se reserva identidad, ante la difusión que hizo Suriani de su imagen. La denuncia se presentó el 30 de marzo pasado por el tratamiento que hizo el referente del sector antiderechos al calificar a la médica de «sicaria». El 11 de abril pasado Suriani volvió a arremeter contra quienes garantizan el derecho a las interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE), tratando al grupo de «homicidas».
Suriani usó en la última ocasión el aire de su programa de política y también subió el fragmento a sus redes sociales. Frente a ello, el Hospital Público Materno Infantil le envió una carta documento y la abogada que representa a la profesional perseguida, María Laura Torrez, amplió la denuncia. De allí que la jueza Diez Barrantes dispuso las dos audiencias que se cumplieron este martes y ayer con cada una de las partes.
«Una vez que el juzgado resuelva vemos de hacer nota», fue ayer la respuesta de Adet a los requerimientos de Salta/12.
Aunque ayer no hubo noticia alguna de lo sucedido en esta última convocatoria, se supo que el martes la profesional demandante declaró ante la jueza y Torrez volvió a solicitar medidas de protección para su defendida.
Entre los pedidos se encuentra el de obligar a Suriani y Tomás Morando (quien replicó en redes sociales mensajes de odio con fotografías de la médica), a «abstenerse de ejercer actos de violencia verbal, difusión de la imagen, datos personales y el cese de actos de intimidación» contra la médica. Solicitó además obligarlos a capacitarse a través del Programa de Intervención para los Hombres (PRIHO), y se los conmine a «suprimir inmediatamente en todo medio masivo a saber: facebook, whatsapp y/o cualquier otra red social, streaming, cualquier tipo de información, imágenes, expresiones descalificantes y contenido que vulneren los derechos» de su clienta. Hasta ayer se esperaba conocer una resolución.
El tamaño de la vara
El 16 de marzo pasado Diez Barrantes, luego de una presentación que se hizo el 9 de marzo, intimó al periodista y empresario Mario Peña a dejar de ejercer actos de violencia simbólica o mediática en medios de comunicación masiva o redes sociales, contra la intendenta de Salta Capital, Bettina Romero.
Como en el caso de la demanda de la médica no hubo una gestión tan veloz, hay quienes ven que la vara para proteger a víctimas de violencia es distinta, dado que aún se demora una resolución en esta causa. Pero incluso esa vara judicial también denotó esa diferencia cuando Suriani denunció a una feminista por amenazas de muerte en 2019, tras la viralización de un «meme».
En aquel momento una chica de 28 años subió en las redes sociales un escrito contra el ex diputado. La publicación se había realizado porque el entonces legislador provincial del PRO entendía que una nena de 12 años que había sido violada debía convertirse en madre, sin permitirle acceder al derecho del aborto no punible. El meme se publicó el 25 de enero, y según las declaraciones que dieron diferentes representates feministas a los medios, a los cinco días la chica que realizó la publicación tuvo a personal de la Brigada de Investigaciones en su casa. La llevaron a tomar sus huellas dactilares y la imputaron. Luego fue sobreseída y la causa pasó a archivo.
Amicus y preocupaciones
Torrez afirmó que además del Colegio Médico de Salta, el Hospital Materno Infantil, Católicas por el Derecho a Decidir y la Fundación por el Desarrollo de las Politicas Sustentables se presentaron como Amicus Curiae en la demanda.
Mientras, desde la REDAAS (la Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina), ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) se elevó al juzgado un escrito manifestando preocupación. «Instamos al Juzgado de Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Salta a otorgar las medidas solicitadas por la abogada patrocinante de M.S. (siglas del nombre de la profesional), a fin de poner cese a la violencia y al acoso sufridos, así como a Andrés Suriani a presentarse a la audiencia fijada para el día miércoles a dar explicaciones sobre la violencia ejercida contra la profesional de la salud».
Recordaron que tras la aprobación de la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo «el derecho al aborto debe ser garantizado de forma segura, sin trabas ni obstáculos en todo el territorio argentino. Para ello, es clave que profesionales de la salud puedan ejercer sus tareas sin ser blanco de hostigamientos o violencias. Como profesional de la salud, M.S. garantiza el acceso de las mujeres a sus derechos y trabaja para que todas las personas con capacidad de gestar puedan decidir libremente sobre su (no) reproducción».