Cada vez más mujeres piden información sobre el uso de medicación para abortar

Hoy se cumple un año de la media sanción al proyecto de interrupción legal del embarazo. «El tema se terminó de colocar definitivamente en la agenda política de la Argentina», aseguró la socióloga Silvina Ramos, que visitará mañana la región.

Por Laura Loncopan Berti para Río Negro

De 2014 a 2018 hubo 23.314 mujeres en Argentina que solicitaron información sobre uso seguro de medicación para abortar a las Socorristas en Red, una organización extendida en todo el país de asesoramiento y acompañamiento a personas que desean interrumpir sus embarazos. Se registró un pronunciado incremento interanual: en 2017 se acercaron 5.971 mujeres y en 2018, cuando por primera vez el tema se debatió en el Congreso, fueron 8.462.

Los datos corresponden al último informe de sistematización de acompañamientos que realizan en todo el país 457 activistas.

“Ante el abandono del Estado, las leyes de información y acompañamiento son una respuesta a la intemperie generadora de inseguridad, daños y desprecios que buscamos evitar, asumiendo como parte de nuestro accionar la estrategia sanitaria de Reducción de Riesgos y Daños”, plantean las socorristas en su trabajo.

El aborto medicamentoso es el que se realiza con misoprostol, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para las interrupciones durante el primer trimestre de gestación. Hay algunas obras sociales que han incorporado su cobertura.Hoy se cumple un año de que la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de legalización del aborto, con el pañuelo verde como insignia. El 8 de agosto la iniciativa fue rechazada por 38 votos contra 31 en el Senado. Esa decisión lejos de apagar el fuego, lo encendió: el 28 de mayo pasado se presentó por octava vez la propuesta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Fue un punto de inflexión en la historia del feminismo y de la lucha por el aborto en la Argentina. Fue el punto culmine de muchos años de trabajo que explotó, en el mejor sentido de la palabra, en una movilización ciudadana, sobre todo de las mujeres, intergeneracional, transversal a todos los partidos políticos y que fortaleció enormemente el ejercicio democrático”, asegura Silvina Ramos, socióloga e investigadora de Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Actualmente es coordinadora Técnica del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.

Agrega: “aunque obviamente perdió en el Senado me parece que el saldo es tremendamente positivo en muchos sentidos. Primero porque creo que se terminó de colocar definitivamente en la agenda política de la Argentina, segundo porque catalizó una conversación social necesaria para cualquier tema de la agenda democrática, tercero porque permitió una comunión y un intercambio muy fructífero entre la vieja guardia del feminismo argentino y las nuevas expresiones de la mano de las adolescentes y jóvenes que trajeron al debate sobre la legalización del aborto una alegría y una calidad de entusiasmo y de movilización que no lo conocíamos antes.”

Ramos disertará mañana en la jornada de formación y debate: “El embarazo forzado en la niñez y adolescencia: abordajes desde perspectivas integrales”. Será de 10 a 13, en el salón azul de la biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue, organizado por los equipos de salud y atención integral de la salud sexual y reproductiva con enfoque de género, de la facultad de ciencias médicas.

Niñas, no madres

El Código Penal establece las circunstancias en las cuales el aborto no será penado:en los casos de violación, cuando corra riesgo la salud, y/o la vida de la persona gestante. Sin embargo las interrupciones legales del embarazo (ILE) no están libres de obstáculos.

“El embarazo forzado se define como tal porque es un embarazo que fue fruto de abuso sexual o de violación, y que además no tuvo acceso a una interrupción legal del embarazo. Puede aplicar a niñas, adolescentes como a mujeres adultas”, explica la socióloga.

Ramos precisa que en Argentina nacen anualmente 2.500 niños de mujeres menores de 15 años, la amplísima mayoría son embarazos forzados.

En 2018 las socorristas acompañaron a 90 niñas menores de 14 años en procesos de aborto, y 1.069 adolescentes de entre 15 y 19.

En cuanto a las barreras que impiden que accedan a la ILE oportunamente, Ramos sostiene: “los embarazos forzados llegan más tarde a los servicios de salud, porque a veces hay un desconocimiento de la situación de embarazo, hay vergüenza si ha sido fruto de abuso o de violencia sexual, como la mayor parte de esos abusos son intrafamiliares, también hay una trama de silenciamiento dentro de la familia, a veces deliberado, a veces no tan deliberado que también acompañan en el proceso de tal forma que esa niña termina llegando tarde, tarde respecto de la edad gestacional de ese embarazo.”

La socióloga afirma que cuando es detectado el personal de salud “lo aborda de alguna manera naturalizando el embarazo, y no se hace la pregunta que debería ser cualquier profesional que le llega una niña de 13 o 14 años embarazada: es poco probable que haya sido fruto de un relación sexual consentida.”